No lo entienden

No lo entienden, o no lo quieren entender, que sería mucho más grave. El costo político que se ha llevado el gobierno federal como consecuencia de las famosas casas financiadas por proveedores fue completamente innecesario, pero, como lo habíamos escrito antes, el equipo del Presidente no tuvo un diagnóstico acertado del asunto y, por lo tanto, las reacciones fueron erráticas.

El problema es que lo siguen siendo. Parece que el concepto de conflicto de interés no ha sido digerido del todo por el gobierno. Incluso, el propio Presidente de la República hizo alusión el pasado 3 de febrero a un artículo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que se refiere al conflicto de interés concluyendo que sus facultades no le dan para caer en el supuesto normativo por no pertenecer a comisión alguna que adjudique contratos públicos. Como si su influencia sobre quien sí tiene las facultades fuera inexistente.

Cualquier persona que se dedique a dirimir asuntos de ética sabe muy bien que el problema no son los asuntos que se presentan en blanco y negro; normalmente éstos son muy fáciles de diagnosticar. El secreto de los temas éticos está en diagnosticar y resolver asuntos grises, que son la mayoría. Circunstancias muy parecidas que pueden cambiar completamente el enfoque ético de las mismas. Ejemplo uno: un proveedor hace una fiesta e invita a varios funcionarios, entre otras personas con las que tiene relación de todo tipo. Entre los funcionarios hay personas con injerencia directa en contratos de ese proveedor, pero hay otros que no la tienen y sólo desempeñan trabajos administrativos. Se hace un sorteo con un viaje de premio y lo gana uno de los funcionarios que no tiene injerencia en los contratos del proveedor. ¿Debe quedarse con el premio?

Ejemplo dos: en igual circunstancia, el ganador del premio es un funcionario que sí tiene injerencia en los contratos del proveedor. ¿Debe quedarse con el premio a pesar de haber sido un sorteo?

No hay una ley que pueda redactarse y que sea capaz de cubrir todas las situaciones en donde puede existir un conflicto de interés. Pretender que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos lo haga es inocente e imposible. Estos dos ejemplos requieren debate en un Comité donde seguramente habrá quien tenga distintas opiniones y no haya unanimidad en las posturas. Esto es lo que se debe de hacer.

Creo que el gobierno federal acierta en tomar una iniciativa que, en casos normales con políticos profesionales comunes en cualquier oposición del mundo, se hubiera visto como una oportunidad. Sin embargo, el gobierno federal incurre en un error que no ayudará en nada a su crisis de credibilidad al nombrar a un subordinado del Presidente como investigador de su jefe y de quien le otorgará recursos (SHCP). Es decir, el señor secretario de la Función Pública no puede resolver de manera creíble el asunto del conflicto de interés, porque él mismo tiene un conflicto de interés.

La única manera de generar certidumbre ante un asunto como éste es con la creación de la famosa Fiscalía Nacional Anticorrupción autónoma (sin que el puesto de sus miembros dependa de nadie) cuyas atribuciones deberán ser, entre otras, las de investigar, procesar y castigar a quien incurra en actos de corrupción o de conflicto de interés. Sólo así se garantiza que no haya conflicto de interés cuando se investiga los conflictos de interés (disculpe, querido lector, las repeticiones, no son para usted, trato de que alguien más lo entienda).

*Abogado y opinante

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