Zaldívar: sevicia, desmemoria y deshonor

Las acusaciones más graves contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte, no provienen de los denunciantes, ni de académicos, juristas o columnistas a quienes les parece deplorable su proceder, ni de la oposición.

Los relatos de las conductas más infames de Zaldívar son las que ha formulado quien, además de testigo, fue copartícipe de esas infamias, un testigo-partícipe al que el exjuzgador rinde reverencia: el Presidente de la República. En efecto, el primer mandatario hizo un par de revelaciones que revelan el talante ético de Zaldívar y el nulo respeto que tuvo a su cargo por lo menos durante el actual gobierno.

Por una parte, el titular del Poder Ejecutivo narró que se reunió con los titulares de nuestro máximo tribunal (entonces Zaldívar) y de la Fiscalía General de la República para acordar que se actuaría contra el exprocurador Jesús Murillo Karam por el caso de los normalistas desaparecidos y seguramente asesinados en Iguala y Cocula, Guerrero, en septiembre de 2014.

Murillo Karam dio a conocer una versión del caso que no sólo no ha podido ser desmentida, sino que fue convalidada por los jueces que consideraron que había suficiente sustento probatorio para procesar a los señalados en esa versión como presuntos responsables de la desaparición de los normalistas.

Pero aun si se considerara que la versión era errónea —lo que no se ha demostrado en más de nueve años—, darla a conocer con base en la investigación de su equipo y los dictámenes de expertos no constituye delito de manera alguna. La detención y el proceso de Murillo Karam, a quien, además, se mantuvo encarcelado durante 20 meses, a pesar de que tenía derecho a la prisión preventiva domiciliaria por su edad y su estado de salud, son abusos descomunales: sevicia.

Contra la lógica, el derecho, la justicia y el sentido común, se sometió a proceso —aún sigue sometido— a un hombre por el delito de haber esclarecido el crimen masivo y haber logrado consignar en breve tiempo a los presuntos responsables. Nadie con un mínimo de decencia se hubiese atrevido a una atrocidad de esa magnitud.

La otra revelación de López Obrador indica que hablaba con Zaldívar para que éste, “¡respetuoso!” (sic), hablara con los jueces para hacerles saber el interés del titular del Ejecutivo de que resolvieran los casos a su cargo en cierto sentido: el presidente de la Suprema Corte al servicio del Presidente de la República.

López Obrador aborrece a la ministra Norma Piña, sucesora de Zaldívar en la presidencia de la Corte, porque ella, digna presidenta de nuestro máximo tribunal, no se presta a las maniobras de su antecesor, es decir, porque respeta la autonomía de los juzgadores.

Ahora, una denuncia anónima acusa a personas cercanas a Zaldívar de intimidación a jueces y magistrados para que emitieran resoluciones acordes con los deseos del Presidente, presiones a defensores públicos, coacción a proveedores de Pemex para declararse en quiebra, enriquecimiento ilícito, corrupción y violencia sexual.

Zaldívar ha declarado que la admisión de una denuncia anónima y sin pruebas es algo inédito. Por lo visto, su memoria no es infalible. Él impulsó la modificación de un acuerdo del Consejo Federal de la Judicatura para que se pudieran investigar denuncias anónimas, de las cuales se admitieron 283 bajo su presidencia en ese Consejo.

La reciente denuncia informa de muchos casos de jueces y magistrados con nombres y apellidos. El presidente López Obrador y su candidata Claudia Sheinbaum han manifestado su respaldo a Zaldívar desdeñando los señalamientos de la denuncia, pero la investigación es ineludible por razones jurídicas y de justicia.

La deshonrosa pretensión de Zaldívar de que se inicie juicio de procedencia contra la ministra Piña —¡por combatir la corrupción y las coacciones contra jueces y magistrados!— es uno más de los abusivos embates que pretenden sojuzgar al Poder Judicial. Quién lo hubiera sospechado: el expresidente de la Corte sumándose a los ataques para someter a la Corte.

La reacción de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, integrada por más de 1,300 impartidores de justicia, fue inmediata y firme expresando su absoluto respaldo a la ministra presidenta. Habemus Poder Judicial.