Venganza, además de demolición

No sólo se trataba de demoler a los poderes judiciales del país, con lo cual se derrumba el último contrapeso al Poder Ejecutivo. Al gobierno no le bastó con la reforma impuesta con métodos gangsteriles, en virtud de la cual: a) se terminará con la auténtica división de Poderes; b) se destituirá a ministros, jueces y magistrados despreciando sus años de formación y experiencia, violando sus derechos laborales y los principios de inamovilidad judicial e irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna; c) se les reemplazará con abogados propuestos por los Poderes estatales cuyos méritos serán la afinidad con el partido en el poder, 8 de promedio —incluso el obtenido en una universidad patito— y cartas de recomendación de sus vecinos, y d) se creará un tribunal inquisitorial con facultades de destituir y denunciar penalmente a jueces y magistrados federales por el sentido de sus resoluciones.

No, no se trataba solamente de que los tres Poderes quedasen concentrados en uno solo, el de la Presidencia de la República. No, también se buscaba humillar a los impartidores de justicia. El Presidente decidió escarmentarlos porque han impedido u obstaculizado varios de sus designios. Él, a quien sus legisladores proclamaron como encarnación de la patria, la nación y el pueblo, no tolera que se le contraríe, y varios jueces lo hicieron ignorando esas calidades. No le bastó la humillación que supone echarlos de sus cargos sin una causal que lo justifique.

A los ministros de la Suprema Corte se les está extorsionando: si no renuncian a su cargo al publicarse la convocatoria para la kafkiana elección de juzgadores, se les privará de su haber de retiro. Un atropello, una venganza contra los ministros que no cumplan con el guion que se les ha escrito. De los impartidores de justicia, a los que más aborrece el Presidente es a los ministros del máximo tribunal. No a todos, por supuesto, sino a aquellos que no han sido sus incondicionales, a los que han ejercido su función con autonomía, profesionalismo y decoro. Ya la ministra Margarita Ríos-Farjat, con admirable dignidad, avisó que no se someterá a ese capricho.

En contraste, se prorroga el periodo de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, prórroga que se anunció antes de que ese tribunal tomara la decisión respecto de la asignación de escaños en el Congreso. Claramente se trató de un vulgar y bajuno soborno para ablandar el criterio de los magistrados a favor del gobierno. Ya la magistrada Janine Otálora, en una actitud ejemplar, anunció que no morderá el anzuelo.

Soborno a los magistrados electorales, extorsión a los ministros de la Suprema Corte.

No es la única vejación. El gobierno se agandallará los 11 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Con esos recursos, unos 17 mil millones de pesos, se prevé organizar la elección de juzgadores y pagar las liquidaciones de jueces y magistrados federales que pierdan sus puestos. Eso es, simple y sencillamente, un robo. Un poder se apodera de los recursos de otro, recursos con los cuales se han costeado derechos laborales de jueces, magistrados y trabajadores operativos: pensiones, vivienda —incluyendo la que requieren los juzgadores a quienes se cambia de adscripción—, cobertura de salud y retiro.

¿Por qué el odio del Presidente? Porque el Poder Judicial ha sido el último valladar contra sus pretensiones absolutistas y contra injusticias monstruosas. Gracias al Poder Judicial los 31 científicos perseguidos con saña no están en la prisión de alta seguridad de Almoloya de Juárez, Alejandra Cuevas no fue condenada a 30 o 40 años de prisión, sino absuelta después de año y medio de estar presa por una acusación absurda y cruel del fiscal general de la República, la Guardia Nacional no quedó en la esfera de la Secretaría de la Defensa, el Inai volvió a funcionar después de la parálisis que le impusieron los senadores oficialistas por indicación del Presidente, el INE no fue jibarizado, se evitó que se considerara reservada la información de los proyectos y obras gubernamentales de infraestructura … y un largo etcétera.

La vendetta contra los impartidores de justicia es extremadamente ruin.