Una acusación con tufillo soviético

Un tribunal federal amparó a la académica Patricia Zúñiga, una de los 31 científicos contra los que en dos ocasiones solicitó órdenes de aprehensión la Fiscalía General de la República (FGR). En virtud del amparo, la FGR debe poner fin al caso y dictar el no ejercicio de la acción penal. La sentencia abre la puerta a que cese la persecución también contra los otros 30 científicos. Hace poco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la acción penal y las órdenes de aprehensión contra Alejandra Cuevas —quien estuvo en prisión preventiva 528 días— y Laura Morán habían sido actos arbitrarios, sin sustento jurídico. ¿Eso hace a los titulares de las fiscalías de la República y de la Ciudad de México respectivamente responsables de delitos contra la justicia?

Esos fueron graves abusos. En cambio, es absurdo imputarle al exprocurador Jesús Murillo Karam delito contra la justicia con base en que la Comisión de la Verdad formada en este gobierno considera que la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), de la que era titular, es falsa. Esa comisión se afanó en refutarla, pero la conclusión que presentó, ocho años después de los hechos, no difiere en lo sustancial de la de la PGR: los estudiantes fueron interceptados en Iguala por policías municipales y entregados a un grupo criminal que los asesinó.

Muchos de los cuerpos sin vida fueron incinerados en el basurero de Cocula. Se ha querido negar que allí hubo fuego, aunque varios expertos de prestigio dictaminaron que sí lo hubo. La propia Comisión de la Verdad ha señalado que algunos de los asesinos indicaron que varios de esos cuerpos fueron cocinados. Pero, independientemente de lo que se hubiera hecho con los cadáveres, lo relevante jurídicamente respecto de los homicidios es lo que sucedió hasta que las víctimas fueron privadas de la vida, no lo que se hizo con los cuerpos una vez cometidos los asesinatos. El señalamiento de un testigo protegido de que la versión de la PGR se acordó en una reunión de funcionarios encabezados por Murillo Karam, a sabiendas de que era falsa, no está respaldada por ninguna prueba, y es sabido que los testigos protegidos son delincuentes que suelen decir lo que se les pida a cambio de una pena reducida o de plano de impunidad. El testigo protegido ni siquiera atinó a precisar la fecha y los participantes en esa reunión.

Al exprocurador no sólo se le imputa delito contra la justicia, sino también tortura a los detenidos y, para Ripley, desaparición forzada ¡de los estudiantes normalistas! No hay indicio alguno de que Murillo Karam haya ordenado o consentido que se torturara a algún detenido. Ningún exprocurador estaría libre de responsabilidad penal si se le culpabilizara de abusos cometidos por sus subordinados sin su anuencia. Respecto de la acusación de desaparición forzada de los estudiantes, nadie puede tomarla en serio. Indigna que un juez haya dictado orden de aprehensión por una imputación no sólo carente de pruebas sino, como es evidente incluso para los idólatras del Presidente, disparatadamente inverosímil.

El Presidente se atrevió a decir que Murillo Karam se había inculpado al reconocer que era responsable de la investigación. Falso: el exprocurador era responsable de la indagatoria en cuanto titular del órgano que la llevaba a cabo, pero eso de ningún modo es inculparse. Inculparse es admitir que se ha cometido un delito. El extitular de la PGR jamás ha admitido que cometió delito contra la justicia o que ordenó o consintió que alguien fuese torturado o desaparecido.

Al escribir estas líneas aún no sé si el exprocurador fue vinculado a proceso. Nunca debió siquiera ordenarse su detención. Pero leyes vemos, jueces no sabemos. Estamos ante una acusación con tufillo soviético. No se detuvo a Murillo Karam porque existan pruebas que lo hagan probable responsable de algún delito, sino como chivo expiatorio para servir a los fines y designios de un gobierno que se ha distinguido, entre otras cosas nada plausibles, por sus atropellos.