Un vulgar agandalle
De acuerdo con el artículo décimo transitorio del decreto de reforma al Poder Judicial federal, los juzgadores que declinen su candidatura para la elección o no resulten elegidos son acreedores a un pago extraordinario que debe ser cubierto con los recursos que deriven del proceso de extinción de los fideicomisos
La venganza contra el Poder Judicial federal ha sido rabiosa, sin miramientos, inescrupulosa y atropellando la legalidad. Muchos jueces federales tuvieron la imperdonable osadía de cumplir con su deber jurídico, con fundamento en el cual suspendieron o invalidaron normas impulsadas por el presidente. Ese atrevimiento —¡contrariar al caudillo!— había que hacérselos pagar con la pena más extrema: la destitución automática, sin motivación válida alguna, sin oportunidad de defensa, de todos los juzgadores, no sólo los federales. La guillotina a todos los poderes judiciales del país, una medida que sólo ha ocurrido en las dictaduras.
Además de los jueces que otorgaron suspensiones, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, osó actuar de manera distinta a la de su antecesor, Arturo Zaldívar, quien, según lo relató el propio López Obrador, hablaba con los jueces para indicarles respetuosamente cómo deseaba el presidente que dictaran sus resoluciones en ciertos asuntos. Esas indicaciones, según la queja presentada ante el Consejo de la Judicatura Federal, solían ir acompañadas de amenazas para quienes no las acataran. En varios casos las amenazas se cumplieron.
No fue todo. Con Norma Piña en la presidencia de la Suprema Corte, ésta frenó disposiciones inconstitucionales “fortaleciendo la división de Poderes y con ello el Estado constitucional de derecho” (José Woldenberg, El informe de la ministra Piña, El Universal, 17 de diciembre de 2024). Esa actuación enfureció al presidente, que llegó a decir que el Poder Judicial federal estaba podrido y los ministros de la Corte eran traidores a la patria.
Entonces la mayoría espuria en el Congreso aprobó la reforma que extermina a todos los poderes judiciales del país, el federal y los de las 32 entidades federativas: se despide sin causa justificada a ministros y a jueces y magistrados que obtuvieron sus cargos cursando la carrera judicial y ganando concursos de oposición, y se les sustituye por juzgadores a quienes no se exige la formación indispensable para ejercer la judicatura, y que surgirán de entre los seleccionados por el Senado y la Presidencia de la República, es decir, por Morena. Entre los seleccionados hay defensores de narcos, un exfiscal de Michoacán señalado por sus presuntos nexos con grupos criminales, y aspirantes acusados de abusos sexuales o vinculados con la Luz del Mundo, cuyo líder está preso por abuso sexual contra menores.
Esa vendetta no le bastó al gobierno. Adicionalmente, se ha apropiado sin fundamento legal de 10 mil 247 millones de pesos de cuatro fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal, a pesar de las múltiples suspensiones judiciales que protegían esos fideicomisos. Los fondos fueron transferidos por Nacional Financiera —la que el Consejo había encomendado su administración—, “por instrucciones superiores” (sic), a la Tesorería de la Federación. El Consejo, en su carácter de fideicomitente, no fue consultado previamente al respecto ni giró instrucción alguna a Nacional Financiera para la transferencia de los recursos, lo que resultaba indispensable para que se efectuara cualquier transferencia según lo disponen las cláusulas del contrato.
El fideicomiso más relevante, que a fines de 2024 tenía 5 mil 458 millones de pesos, es el que ha financiado las pensiones complementarias de jueces y magistrados para que no se retiren únicamente con la pensión del ISSSTE. Otros fideicomisos financiaban nuevas obras de infraestructura del consejo, cubrían gastos médicos complementarios y costeaban el mantenimiento de casas donde viven jueces y magistrados asignados fuera de la localidad donde residían.
De acuerdo con el artículo décimo transitorio del decreto de reforma al Poder Judicial federal, los juzgadores que declinen su candidatura para la elección o no resulten elegidos son acreedores a un pago extraordinario que debe ser cubierto con los recursos que deriven del proceso de extinción de los fideicomisos. Esos recursos les están siendo arrebatados arbitrariamente. El atropello es escandaloso. Pero la oposición está dormida.
El titular legítimo de los fideicomisos es el Consejo de la Judicatura Federal. Estamos ante un robo en despoblado, un vulgar agandalle, un abuso de poder inaceptable.