No entregarlo a Putin
Putin lo quiere de regreso 10 años después de la anterior detención porque el dictador y criminal de guerra gusta de escarmentar a todos sus opositores, y Safrán participó en protestas contra el gobierno ruso junto con Borís Nemtsov, asesinado en 2015. Asesinado: sabemos que Putin no sólo encierra en la cárcel o el manicomio a quienes considera sus adversarios, los asesina
El gobierno mexicano no debe entregar a Kirill Olegovich Safrán en manos de Vladimir Putin, pues, como señaló enfáticamente el juez de control, Juan José Hernández Leyva, el ciudadano ruso, de ser extraditado a su país, se encontraría “en riesgo inminente de que ocurra violación a sus derechos humanos, en específico que sea sujeto a tortura y malos tratos, toda vez que quedó razonablemente acreditado que, durante su detención, originada por los hechos materia de la acusación que se le fincó, fue objeto de tortura”.
En efecto, al ser detenido Safrán en su país, hace una década, en octubre de 2014, se le incomunicó —se le prohibieron las visitas, incluso la de un abogado, y el acceso al teléfono—, se le proporcionaban raciones mínimas de alimento y fue golpeado hasta romperle las costillas. Estuvo seis meses preso sin que las autoridades le probaran su involucramiento en algún delito. Escapó a nuestro país, donde se ha ganado la vida trabajando y donde nacieron sus hijos.
Putin lo quiere de regreso 10 años después de la anterior detención porque el dictador y criminal de guerra gusta de escarmentar a todos sus opositores, y Safrán participó en protestas contra el gobierno ruso junto con Borís Nemtsov, quien fue asesinado el 27 de febrero de 2015. Asesinado: sabemos que Putin no sólo encierra en la cárcel o el manicomio a quienes considera sus adversarios, sino que los asesina. Uno de sus métodos favoritos es el envenenamiento de acción prolongada, ése que no sólo priva de la vida a la víctima, sino que le produce estragos físicos y mentales espantosos.
Así que el juez Hernández Leyva, al dar su plausible opinión, se quedó corto: Safrán no sólo correría peligro, si se le extraditase, de volver a ser torturado, sino que, una vez que pisara su país, estaría en riesgo constante de ser privado de la vida. Desde luego, si el gobierno mexicano se lo entregase al neozar, tanto el Presidente de la República como la Secretaría de Relaciones Exteriores serían cómplices moral y políticamente de cualquier daño que se le infligiera al extraditado.
Aún no he aclarado que la opinión del juez Hernández Leyva fue sólo eso: una opinión, no una resolución vinculante de cumplimiento obligatorio. La extradición está congelada porque otro juez, Juan Mateo Brieba de Castro, la suspendió en virtud del amparo promovido por la defensa de Safrán. La resolución de este juez evitaría la extradición si el fallo se apega a la observancia de los derechos humanos como ordena el artículo 1º de la Constitución.
El caso es de gravedad y relevancia tales —aunque los medios no le han dado el espacio que amerita—, que tanto el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Giovanni Lepri, como el representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la misma ONU, Jesús Peña Palacios, han solicitado al juez Brieba de Castro que ampare a Safrán y, en consecuencia, no conceda su extradición.
De no ser porque hemos sido atónitos testigos de la debilidad de nuestro Presidente por los regímenes dictatoriales, parecería increíble que el gobierno mexicano accediera a obsequiarle la extradición a Putin de un opositor ya previamente encarcelado y torturado. Eso podría esperarse del gobierno cubano, del iraní, del nicaragüense o del venezolano, pero sería inconcebible, si no estuviésemos en la administración de la llamada 4T, que el mexicano se prestase a tan infame jugada.
Los comisionados de la ONU le han adjuntado al juez Brieba de Castro la observación general del organismo respecto de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la cual se establece que ningún Estado debe devolver o extraditar a una persona a su Estado de origen cuando haya razones fundadas para creer que está en peligro de ser sometida a tortura. Safrán, como ya apunté, no sólo estaría en peligro de ser sometido a tortura, sino incluso de ser asesinado.
Sería criminal que el Estado mexicano devolviera al disidente ruso a su país de origen, sirviéndole así en bandeja de plata una nueva presa a Putin, un gobernante asesino de sus opositores.