Lo que no se puede cumplir

A María Amparo Casar, con mi admiración y mi amistad.

Una promesa de campaña del candidato a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador fue el ofrecimiento a los padres de las víctimas de la masacre perpetrada contra 43 estudiantes normalistas —esta noche se cumplen 10 años— de encontrar a sus hijos, vivos o muertos, brindándole a la sociedad mexicana certeza, justicia, reparación del daño y garantía de no repetición. A tal efecto creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

Pero no, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a su fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, al presidente de su Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, y al fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, no les interesaba descubrir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad del espantoso crimen. Su propósito era exhibir al gobierno anterior como encubridor de los hechos y creador de una versión falsa.

Si el propósito hubiese sido la búsqueda honesta de la verdad, lo primero que tenía que hacerse era cumplir todos y cada uno de los puntos de la voluminosa recomendación —¡más de dos mil fojas!— que sobre el caso emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuando, dirigida por Luis Raúl González Pérez, aún era una institución autónoma y altamente profesional.

En su afán de hacer creer que la “verdad histórica” del entonces procurador general Jesús Murillo Karam era en realidad falaz, López Obrador fraguó con Gertz Manero y Arturo Zaldívar, entonces presidente de la Suprema Corte, un plan para encarcelar a Murillo bajo acusaciones grotescas: desaparición forzada, como si él hubiese participado en la desaparición de los estudiantes; tortura, como si fuera responsable de las conductas antijurídicas de sus subordinados, y delito contra la administración de la justicia, no obstante que resolvió el caso, en lo esencial, en sólo cuatro meses, y logró que más de 100 presuntos responsables fueran sometidos a proceso.

Se mantuvo aviesamente en prisión a Murillo Karam 20 meses, más de 600 días, a pesar de que, aunque hubiera sido responsable de los delitos de que se le acusa, nunca debió pisar la cárcel, pues, por su edad y su estado de salud, tenía derecho a la prisión preventiva domiciliaria.

En seis años, el gobierno no pudo desmontar la verdad histórica a la que Murillo llegó en 120 días. Esa versión ha sido incluso convalidada por el Presidente: los normalistas fueron detenidos por policías, principalmente municipales, y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, quedaban cabos por atar en esa verdad histórica.

Esos cabos podían atarse si se hubiera cumplido con la recomendación de la CNDH, cuya investigación, a cargo de la oficina creada especialmente para el caso, dirigida por José Larrieta, fue la más profunda sobre los hechos: abarca desde los orígenes de las escuelas normales rurales hasta la actuación de las autoridades que conocieron del caso, pasando por las actividades ilícitas que se desarrollaban en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y la explicación de por qué los estudiantes acudieron a Iguala.

Sobre todo, un punto de la recomendación es crucial: la petición de que se enviaran al laboratorio de Innsbruck 114 restos humanos rescatados del basurero de Cocula y el río San Juan, cuyo análisis hubiese podido demostrar que eran restos de normalistas que allí fueron asesinados e incinerados, lo que la Comisión de la Verdad se empeñó en negar.

Los jueces que conocieron del caso liberaron a decenas de asesinos con el argumento de que sus confesiones habían sido arrancadas con tortura, pero la CNDH había practicado el Protocolo de Estambul a todos los acusados que alegaban haber sido torturados, lo que sólo se acreditó en nueve casos. Aun en esos nueve casos, excluyendo las confesiones, había otras pruebas que acreditaban la participación de los liberados en el crimen masivo. La Fiscalía General de la República no sólo no impugnó esas liberaciones, sino que ofreció a algunos de los liberados impunidad a cambio de sus testimonios inducidos. Sin admitirlo explícitamente, el gobierno parece reconocer su error con las recientes detenciones de El Gil y El Cepillo, que habían sido dejados en libertad indebidamente.

Los resultados del gobierno de López Obrador son desastrosos, incluyendo también el que se refiere a su promesa incumplida de encontrar a los desaparecidos normalistas de Ayotzinapa. No es sensato prometer lo que no se puede cumplir.