El escudo judicial contra el abuso

En los últimos meses de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador está empeñado, por una parte, en destruir los poderes judiciales del país con el apoyo de sus legisladores incondicionales, previo otorgamiento por parte de las autoridades electorales de una sobrerrepresentación en el Congreso que no corresponde al porcentaje de votación obtenido por su partido y, por otra, en cobrar venganza contra dos de sus más punzantes críticos, Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo a) Brozo.

El Presidente hubiera querido que durante todo su gobierno, en todos los medios de comunicación, en todas las ONG y en todos los centros académicos, se le rindiera pleitesía como la que le profesa la gran mayoría de reporteros que asisten a sus conferencias mañaneras y la que le ofrendan sus legisladores que lo han proclamado encarnación de la patria, la nación y el pueblo. El Presidente no tolera que se le incomode con el pétalo de una crítica o de un señalamiento de que algo va mal en su gestión. Cuando tal cosa ha ocurrido su coartada es la de quejarse de que esa crítica o ese señalamiento tienen como único objetivo empañar su imagen.

Nunca ha refutado con datos o argumentos las críticas. Su respuesta ha sido decir que él tiene otros datos —¡distintos de los oficiales!— o recurrir al agravio, la difamación, la calumnia, la majadería contra los críticos, o la presión sobre los medios para que prescindan de ciertos colaboradores o den cabida a comentaristas según los cuales el titular del Ejecutivo tiene el don de la infalibilidad. En algunos casos la reacción ha ido más allá: la ilegal exhibición de datos personales o la orden de privar de derechos legítimos al indócil. Todo el poder del Estado contra los insumisos, a los que el Presidente considera como parte del antipueblo.

En esa atmósfera opresiva y amenazante, los reportajes que revelan corruptelas y otras ilegalidades, así como la crítica a las autoridades, son de un enorme valor. Valor en el doble sentido de la palabra: valentía y valía. Esas revelaciones y esos juicios son absolutamente imprescindibles en una sociedad democrática. Sin información relevante sobre la cosa pública y sin el análisis de la actuación de los servidores públicos la vida democrática no sólo se empobrece sino que se desdibuja, se desvanece, se esfuma.

Loret, Brozo y el equipo de Latinus —como otros varios periodistas, académicos, militantes de ONG y medios de comunicación— han ejercido la libertad de expresión sin arredrarse ante los numerosos intentos de intimidarlos para hacerlos rendirse. Las revelaciones de Loret sobre corruptelas de personajes del entorno del Presidente, sus hijos incluidos, y la crítica mordaz, aguda, humorística, actuada de Brozo han sido un gran servicio a la sociedad mexicana. Es importante señalar que no ha sido desmentido uno solo de los reportajes que ha dado a conocer Loret.

Desde hace más de cuatro meses, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga a Loret, a su esposa, Berenice Yaber, y a Brozo. Se trata claramente —más bien: tenebrosamente— de una venganza. Una venganza como las que se perpetraron contra Ricardo Anaya, los 31 científicos, Jesús Murillo Karam, Rosario Robles, Alejandra Cuevas y María Amparo Casar, entre otros. Por supuesto, Loret, Berenice Yaber y Brozo se defenderán, y todavía hay jueces a los que pueden acudir.

Por eso es tan imperiosamente indispensable que contemos con juzgadores independientes y bien capacitados, designados mediante concursos de oposición por sus méritos profesionales y no por el apoyo de politicastros y probablemente de capos, juzgadores no al servicio del pueblo bueno —cuyos deseos son interpretados por los gobernantes que se arrogan ese derecho—, sino de la Constitución y las leyes. Juzgadores de esa índole nos permiten hoy —y esperemos que así siga siendo— defender nuestros derechos contra los perversos y corruptos embates que buscan vulnerarlos.