El gobierno presume que de septiembre de 2024 a agosto de 2025 el promedio diario de homicidios dolosos en nuestro país disminuyó 53%, lo cual sería un logro relevante. Pero, además de que en la estadística oficial no queda claro el rubro “otros delitos contra la vida”, hay un dato que pone en duda el resultado del que hace alarde la presidenta Claudia Sheinbaum: la cantidad anual de desapariciones forzadas, alrededor de 12 mil que se suman al total de más de 134 mil acumuladas de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Entre el año 2000 y el actual se concentra 91% de los casos.
No se requiere una perspicacia extraordinaria para conjeturar que casi la totalidad de los desaparecidos han sido asesinados. Las desapariciones forzadas son casi siempre homicidios calificados en los que falta el objeto material del delito: el cuerpo de la víctima. Es cierto que algunos pocos de los desaparecidos pueden haber estado ilocalizados en hospitales o refugios, se pueden haber fugado de sus hogares o fueron reclutados coactivamente por el crimen organizado, pero la inmensa mayoría, más de 90%, seguramente fue privada de la vida y muy probablemente inhumada en fosas clandestinas.
Si agregamos las desapariciones forzadas a los homicidios dolosos de la estadística del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), la tasa sube, si no me falla la cuenta, de 21 a 31 por cada 100 mil habitantes, con lo cual la supuesta disminución de tales homicidios sería ilusoria. México es, innegablemente, uno de los países con más homicidios dolosos del mundo y el país con la mayor cantidad de desapariciones forzadas.
En los países europeos se registra un promedio de 0.8 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes; en los países asiáticos, de 2.3; en los países de Oceanía la tasa varía considerablemente de Australia con 0.8, a Papúa Nueva Guinea con 9.4, y en África es de 13, aunque Sudáfrica padece una incidencia elevadísima de 43. En los países americanos nos superan Haití con 68 y Ecuador con 50. Brasil con 29, Colombia con 25 y Honduras con 23 tienen tasas más altas que México si excluimos las desapariciones forzadas de nuestro país.
Además de la altísima incidencia de homicidios dolosos y desapariciones forzadas en territorio nacional, tenemos un altísimo porcentaje de impunidad. El 95% de los homicidios dolosos y 98% de las desapariciones forzadas no se castigan en nuestro país, lo que contrasta con lo que sucede en los países eficaces en la persecución del delito. En los países europeos aproximadamente 81% de los homicidios dolosos termina en una condena judicial según el informe global sobre homicidios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El principal deber de todo gobierno es brindar a los gobernados un grado razonable de seguridad pública. El gobierno mexicano no sólo ha incumplido esa responsabilidad sino que autoridades de los diversos niveles han sido cómplices del crimen organizado —al que se debe una parte sustancial de los homicidios dolosos, las desapariciones forzadas y los secuestros que muchas veces terminan en asesinatos—, y ahora, desde el púlpito presidencial, se cubre con un manto de impunidad a los presuntos narcopolíticos reclamados por el gobierno de Estados Unidos. Ese reclamo no es injerencismo, como le llama la presidenta, sino una petición legítima formulada de acuerdo con el tratado de extradición entre ese país y el nuestro.
Por supuesto, no es el homicidio doloso el único delito para medir la inseguridad en nuestro país. Como advierte México Evalúa, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública (ENVIPE) realizada por el Inegi indica que de 2018 a 2025 aumentaron 63% las denuncias por fraude, 54% por amenazas y 33% por extorsión. Esas tasas no reflejan la auténtica magnitud de la delincuencia: más de 90% de los delitos no fueron denunciados —falta de confianza en el Ministerio Público— o no originaron una carpeta de investigación.
En Una historia de la violencia (Paidós), Robert Muchembled observa que del siglo XIII al siglo XXI la violencia física y la brutalidad de las relaciones humanas siguen una trayectoria descendente en toda Europa occidental. Lamentablemente no es así en todo el mundo. No en nuestro país.