Demolición

En sólo seis años se ha demolido lo que tardó décadas en erigirse. Lo escribo con tristeza e indignación. Desde el poder se ha actuado con ánimo vindicativo. Todo lo anterior al caudillo —a quien sus legisladores denominan la encarnación de la patria, la nación y el pueblo— tenía que destruirse. Fernández Noroña dijo que ellos, los legisladores oficialistas, aprueban todas las iniciativas del “compañero Presidente”, aunque sobrevenga el diluvio. Es decir, no importa que se hunda el país con tal de que se acaten los designios del supremo. Hágase su voluntad sin preguntarse cuáles serán las consecuencias.

El propósito no ha sido el de enmendar lo que no funcionaba bien. El propósito ha sido arrasar con todo, incluso con lo que resultaba más benéfico para los gobernados. Se destruyó el sistema de salud. Se desplomó la vacunación infantil. Se provocó un brutal desabasto de medicamentos. Se dejó morir a tres mil niños enfermos de cáncer por falta de las medicinas y los tratamientos que requerían para seguirse aferrando al frágil hilo del que pendían sus vidas.

Se chatarrizó (la expresión es de Carlos Marín) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que dejó de ser un organismo que combatía los abusos de poder para convertirse en una institución que apoya servilmente todas las medidas del gobierno, por arbitrarias o absurdas que sean. La ombudsman nacional se convirtió en muda espectadora de los atropellos contra los gobernados. Su silencio no se rompió ante las más graves arbitrariedades del gobierno, como las de no vacunar prioritariamente a los médicos del sector privado durante la pandemia de covid-19, eliminar las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, y apoyar a un presunto violador y a un presunto hostigador sexual para que ocuparan la gubernatura de Guerrero y la Embajada de México en Panamá, respectivamente.

Se ha presionado a los jueces para que sus resoluciones, invariablemente, complazcan al Presidente, y los que no se han doblado han sufrido represalias. Un enviado de Zaldívar coaccionó a un juez para que concediera amparo a una mujer acusada de una multimillonaria malversación porque en el delito estaba involucrado un hombre que fue jefe policiaco cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Como la Suprema Corte de Justicia —la presidenta y la mayoría de los ministros— ha actuado con autonomía y profesionalismo, el Presidente ha atacado de manera soez, majadera y calumniosa a nuestro máximo tribunal, y su iniciativa de reforma judicial pretende el sojuzgamiento de todos los poderes judiciales del país, el federal y los de las entidades federativas.

Mario Delgado, presidente de Morena, urgió a los legisladores de su partido y sus aliados a que aprueben cuanto antes esa reforma para darle ese regalo de despedida al Presidente. Como observa Jesús Silva-Herzog Márquez: “Se trata de halagarlo, de rendirle un homenaje. Que nuestra genuflexión quede sellada en la ley, que la destrucción de un poder de la República sea el recuerdo imborrable de un sexenio. Hay que apretar el paso porque la envoltura y el moño deben entregarse antes del primer minuto de octubre” (“El gran regalo”, Reforma, 26 de agosto). Pero ante el rechazo de académicos, sociedad civil, organismos internacionales y nuestros socios en el T-MEC, la Presidenta electa ha pedido a los legisladores oficialistas que la reforma se procese sin tanta prisa.

Se redujeron considerablemente los recursos para la educación, se eliminaron las evaluaciones y los concursos de oposición para ocupar plazas magisteriales y se impusieron libros de texto de pésima calidad para niños y adolescentes, adoctrinamiento en basura ideológica y mensajes de odio, como el de sostener que todo niño es un opresor o un oprimido.

Se prepara el exterminio de varios organismos autónomos que han prestado un invaluable servicio a los ciudadanos. Se les ve como un estorbo: nada debe limitar el poder presidencial.

Al escribir estas líneas aún no conozco la resolución del Tribunal Electoral sobre la asignación de escaños en el Congreso. Si se confirma el acuerdo del INE, se estará dando la estocada final a la democracia que hemos venido construyendo en las últimas décadas: los magistrados electorales serán sus sepultureros si optan por la ignominia. La obra estaría completada. Cae el telón. Los autores tendrían motivo de orgullo: habrían culminado el hundimiento del país.