Justicia climática-transición justa, ¿utopia posible?

Un componente estructural en la lucha contra la crisis climática para pasar de economías extractivas y adictas a los combustibles fósiles a un modelo verde y regenerativo está anclado, sí o sí, a la transición justa. Si bien es imperativo acelerarla, no podrá ser si no se toman en cuenta los riesgos de incrementar la desigualdad socioeconómica, inconformidad social, daños económicos a los sectores y precariedad laboral en los países.

La exigencia es no excluir a ninguna persona, trabajador, sector, nación o región, sobre todo a los que deben protegerse, porque las afectaciones del cambio climático son desiguales.

De acuerdo con la London School of Economics and Political Science, la transición justa, desde una perspectiva de derechos humanos y justicia climática, busca eliminar desigualdades y promover equidad. Aborda los impactos desproporcionados en comunidades vulnerables, las injusticias entre países ricos (mayores emisores) y pobres (más afectados), las injusticias intergeneracionales y el acceso desigual a energía limpia, financiamiento verde y alimentación sostenible, así como pérdidas y daños.

Así, una transición sin hoja de ruta puede repercutir en los medios de vida, en el desarrollo y crecimiento económicos, en los derechos humanos, en la igualdad de género, en la justicia social, así como en la salud, sobre todo de las personas más vulnerables.

Sí, es urgente descarbonizar las economías al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las actividades humanas, pero, como ha señalado Ana Virginia Moreira, directora regional de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe, debe garantizarse que “las transformaciones económicas y ambientales vayan de la mano con más igualdad, trabajo decente y protección social”.

Es decir, deben garantizarse políticas públicas y regulaciones en materia de mitigación y adaptación a la crisis climática eficientes que eviten el colapso de los mercados laborales y pérdida de empleos, además de apoyar a los trabajadores y las empresas que sean tocados debido a la transición.

La transición justa no es un concepto nuevo, surgió en los años setenta, cuando los trabajadores sindicalizados estadunidenses exigieron protección frente a regulaciones ambientales más estrictas debido a la contaminación del agua y del aire.

Más de cinco décadas después, el reclamo local se convirtió en un imperativo a escala global de transitar hacia modelos sostenibles sin sacrificar empleos, comunidades ni ahondar en las desigualdades estructurales en países, tanto desarrollados como en los menos prósperos. Por ejemplo, cerrar una industria carbonífera de la noche a la mañana, a pesar de ser un energético fósil, impactaría a los trabajadores y el entorno social. Los gobiernos nacionales tienen el deber de evaluar las afectaciones de sus políticas rumbo a la descarbonización y evitar cualquier injusticia, ya sea existente o potencial.

Sudáfrica es uno de los países que lucha por implementar una transición justa del carbón con un plan ambicioso, escalonado y a largo plazo para reducir su dependencia de este energético hacia 2030 a través del financiamiento de la Alianza para la Transición Energética Justa.

La Unión Europea ha convertido la transición justa en la columna vertebral de su arquitectura climática a través del Mecanismo para una Transición Justa para movilizar alrededor de 55 mil millones de euros de 2021 a 2027, con el objetivo puesto en los trabajadores, las industrias y las regiones que se vean más afectadas en el camino hacia una economía de cero emisiones. De acuerdo con analistas, una de sus bondades es que combina transferencias, asistencia técnica y criterios de seguimiento que facilitan la movilización coordinada a escala nacional y subnacional.

Reino Unido, por ejemplo, estableció recientemente el Fondo Nacional de Riqueza para movilizar inversión del sector privado para financiar la transición justa para generar crecimiento y nuevos empleos.

Sí, se requiere financiamiento, de otra manera será complicado pasar de una economía fósil a una verde y sostenible.

En América Latina, si bien 22 países presentaron sus nuevas Contribuciones Nacionalmente Determinadas 3.0 en la COP30 de Belém do Pará, Brasil, la transición justa enfrenta el desafío de la desigualdad preexistente, además de pobreza extrema hay que sumar pobreza energética y economías regionales estructuralmente dependientes de la exportación de recursos naturales.

La transición es tanto una oportunidad como un riesgo político y social. La región exhibe un crecimiento notable en capacidad renovable y proyectos de almacenamiento, y algunos países han fijado metas ambiciosas.

Un punto delicado es que la transición global ha desatado una carrera por los minerales críticos, como litio, cobre y cobalto, necesarios para desarrollar tecnologías bajas en carbono.

Y América Latina posee, por ejemplo, las mayores reservas de litio del planeta, concentradas en el llamado triángulo del litio entre Argentina, Bolivia y Chile. Sin embargo, la minería de estos elementos se basa en patrones extractivistas, esto es agotamiento de fuentes de agua, pérdida de biodiversidad, conflictos con comunidades indígenas y fragmentación regulatoria que beneficia al capital transnacional.

Hay que recordar que en la COP30 no se abordó el tema de forma sustantiva, dejando el Mecanismo de Acción de Belém completamente para después.

La transición justa sólo será con la implementación de instrumentos financieros, transparencia en la asignación de recursos e inclusión efectiva de quienes han sostenido las economías fósiles durante décadas, así como poner atención en la extracción y manejo de los minerales críticos para evitar colonialismos y más degradación. ¿Se podrá?