Bajo las aguas del golfo de México se encuentran yacimientos de combustibles fósiles explotados, y quizás aún queden millones de barriles de crudo a la espera de ser descubiertos y extraídos por las petroleras que operan en la zona.
Para nuestro país, esos yacimientos durante décadas representaron importantes ingresos para las finanzas públicas, una promesa de riqueza energética que dio sustento a la economía nacional y regional —que ha ido perdiendo fuerza—, pero sobre la superficie de las aguas del golfo se acumula un historial de incendios y derrames petroleros con impacto ambiental en los ecosistemas marinos y costeros y, por supuesto, para las comunidades que dependen de ellos.
En las aguas del Atlántico tres momentos ilustran esa trayectoria de riesgos, falta de claridad y dudas persistentes. El más reciente episodio es el de finales de febrero y principios de marzo de este año frente a la costa veracruzana que después se extendió hacia Tabasco, Campeche y Tamaulipas.
Este capítulo forma parte de una misma historia que el golfo sigue pagando.
Como se ha reportado, la información no fluyó como debiera, en un inicio se trató de minimizar, circularon imágenes oficiales de playas limpias, pero las fotografías y videos de pescadores y organizaciones ambientalistas mostraban un panorama distinto entre manchas negras de hidrocarburo en las costas; pescadores sin poder salir al mar y animales, como tortugas, delfines y manatís, muertos.
Los impactos ambientales ahí están. Autoridades federales —Semar, Semarnat y Pemex— atribuyen el incidente a una combinación de vertimiento ilegal de un buque y dos emanaciones naturales, las llamadas chapopoteras; aseguran que las fuentes están controladas y las playas, limpias. En Veracruz y Tabasco, pescadores y prestadores de servicios turísticos denuncian opacidad, poca información y afectaciones que son visibles. Una historia que se repite.
De acuerdo con cifras oficiales de la Semarnat, entre 2008 y 2023 se han registrado 132 derrames en la región, de esos, 123 fueron clasificados como emergencias ambientales. Veracruz encabeza la lista con 65 casos identificados, seguido por Tamaulipas, con 29, y Tabasco, con 20, territorios donde el petróleo convive con ecosistemas altamente vulnerables.
Los datos del Inventario Nacional de Sitios Contaminados y Remediados de la Semarnat apuntan a más de 50 empresas responsables y Pemex concentra casi la mitad; a eso se suma que en alrededor de 40% de los incidentes no hay evidencia clara de remediación del daño, lo que sugiere fallas en regulación, supervisión y rendición de cuentas.
Al hacer un recorrido histórico por los siniestros ocasionados por la industria petrolera nacional en casi medio siglo, una se topa con una narrativa repetitiva en la que siempre sale a flote el “no hay daños severos” o “está bajo control”. Los hechos y las evidencias tiran discursos.
Cuando el pozo Ixtoc I reventó en 1979 en la Sonda de Campeche, el país enfrentó uno de los mayores derrames petroleros de la historia. Durante meses, 3.3 millones de barriles de crudo fluyeron sin control en el mar.
Investigaciones posteriores documentaron mortalidad masiva de peces, tortugas marinas y aves, así como la contaminación de manglares y playas desde Campeche hasta Texas. Los manglares —ecosistemas clave para la protección costera y la reproducción de especies— absorbieron hidrocarburos que persistieron durante años en los sedimentos.
A nivel institucional, el desastre marcó un precedente preocupante, ya que la información fue escasa, los costos ambientales poco transparentes y la restauración, fragmentada. Afectó pesquerías por más de nueve meses.
Los hidrocarburos pueden persistir en sedimentos y organismos durante décadas, alterando cadenas tróficas y debilitando ecosistemas completos, como han señalado investigaciones respaldadas por la Universidad de Stanford y publicaciones en Frontiers in Marine Science.
En 2010, el golfo volvió a convertirse en símbolo de catástrofe con la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, operada por BP.
A diferencia de Ixtoc I, este desastre fue transmitido casi en tiempo real al mundo entero. Cerca de cinco millones de barriles de petróleo fueron liberados, afectando gravemente las costas de Estados Unidos.
Investigaciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) revelaron impactos como mortandad de mamíferos marinos, alteraciones en la reproducción de peces, daños severos en corales de profundidad y contaminación persistente en los fondos marinos.
Este siniestro también evidenció la ineficiencia de los sistemas de regulación y supervisión frente a una industria de alto riesgo. Si bien hubo avances en estándares de seguridad y compensación ambiental, éstos han sido desiguales en su aplicación, particularmente del lado mexicano del golfo.
El derrame que hoy tiene las costas mexicanas enchapopotadas y la fauna cubierta de petróleo —aves incapaces de volar, peces afectados, tortugas vulnerables— es la imagen viva de afectaciones que perdurarán décadas.
Este episodio es particularmente preocupante por el impacto potencial sobre sistemas arrecifales.
Más de un centenar de arrecifes podrían estar en riesgo, en una región donde estos ecosistemas ya enfrentan presiones crecientes por el cambio climático (blanqueamiento), aumento de la temperatura del mar y acidificación.
Organizaciones como Red del Corredor Arrecifal, Greenpeace y Oceana han advertido que el golfo está bajo una amenaza constante por la combinación de la explotación petrolera intensiva, mecanismos de control insuficientes y opacidad.
Y mientras exista la sed por los combustibles fósiles, la vida offshore y onshore peligrará.
Al parecer, la historia no nos ha enseñado nada.