Senado, un violador serial de la Constitución

Entre 1996 y 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió 23 acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de leyes aprobadas por el Congreso de la Unión; es decir, en 22 años, se registraron 23 impugnaciones contra las decisiones tomadas por senadores y diputados federales; sólo en seis de ellas los quejosos argumentaron violaciones al proceso legislativo, pero únicamente en dos se incluyó en los resolutivos de la Corte, que en esos casos resolvió de fondo.

En ninguna de esas 23 acciones de inconstitucionalidad hubo queja del incumplimiento del Senado en el proceso de elección o ratificación de integrantes de órganos autónomos a los que está obligado por la Constitución. ¿Por qué? Bueno, porque el pleno del Senado, entre 1996, cuando comenzó a operar la figura de la acción de inconstitucionalidad, y 2018 había cumplido con su obligación constitucional y mayoritariamente había respetado el debido proceso legislativo.

Es evidente que el promedio de una acción de inconstitucionalidad por año no genera mayor sorpresa y si observamos las resoluciones asumidas por el pleno de la SCJN descubrimos que en 18 ocasiones fue de “no procedente” la queja; es decir, el Poder Legislativo no había incurrido en violaciones a la Constitución en las leyes que se impugnaron en esas ocasiones; esto es, sólo en cinco casos la Corte dio la razón a los quejosos y se concentran en tres temas: la llamada Ley Televisa, la fallida Ley de Seguridad Interior y un cambio a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Pero entre el año 2018 y este 2023 la SCJN ha resuelto 51 acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de las leyes y decisiones. Sí, en sólo cinco años las acciones de inconstitucionalidad resueltas por el pleno de la Corte por las decisiones de un Congreso de la Unión dominado por Morena aumentaron 165% respecto de las 23 que se presentaron a lo largo de 22 años.

La cifra se torna más escandalosa cuando vemos que en 15 de esas 51 acciones de inconstitucionalidad, el pleno de la Corte le dio la razón al quejoso en 35, relacionadas con 13 temas legales; es decir, en el 68.6% de los casos, el Senado y/o la Cámara de Diputados violaron la Constitución al aprobar leyes.

Y a ese negro récord histórico de 68.6% de violaciones constitucionales en leyes aprobadas referentes a 13 temas, se suma la inédita impugnación que presentó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) contra el Senado, porque no quiere cumplir con su obligación constitucional de nombrar a los comisionados del instituto.

El jueves 13 de julio, las ministras Norma Piña y Margarita Ríos Farjat, junto con los ministros Luis María Aguilar, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez, Jorge Mario Pardo y Alberto Pérez Dayán rechazaron el proyecto de la ministra oficialista Loretta Ortiz, que planteaba improcedente la queja del Inai y, por lo tanto, proponía que no se pronunciara la Suprema Corte contra el Senado de la República y el Inai se esperara hasta que el Senado, dominado por Morena, quiera nombrar comisionados.

Las intervenciones de los ocho ministros fueron brillantes, pero la explicación de González Alcántara Carrancá me pareció esclarecedora: la Constitución obliga al Senado a nombrar a los comisionados del Inai, no a intentar nombrarlos; por lo tanto, el Senado viola la Constitución.

Esos ocho ministros concluyeron que el Senado es omiso y con esa omisión vulnera el derecho constitucional de todos los mexicanos para ejercer plenamente su acceso a la información pública, la transparencia en la forma en que se gastan los recursos que provienen de los impuestos que todos pagamos y la protección de nuestros datos personales.

Hoy está documentado: el Senado es, desde 2018, un violador serial de la Constitución.