Morena: la democracia soy yo

Entre 2007 y 2014, la Constitución y las leyes electorales del país registraron al menos ocho grandes reformas para garantizar condiciones de competencia, sin ventajas para los partidos hegemónicos, pero sin caer en un sobreproteccionismo de las fuerzas políticas emergentes o pequeñas numéricamente o con poca estima en las preferencias electorales de la población.

Reformas que incluyen impedir que los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) puedan competir para convertirse en diputados y senadores; que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pueda resolver sobre controversias electorales estatales o municipales, para evitar que el poder que los gobernadores tenían en los órganos electorales pesaran en el fallo.

Absolutamente todas esas reformas fueron promovidas por la entonces oposición, representada por PAN y PRD.

En 2007, me consta que el entonces senador Carlos Navarrete, coordinador de los perredistas, exigió en la mesa de negociación del Senado, con Manlio Fabio Beltrones y Santiago Creel, la salida inmediata de Luis Carlos Ugalde como condición sine qua non para la reforma electoral y evitar la ingobernabilidad del país, porque los perredistas consideraban que Ugalde les había “robado” la elección presidencial de 2006, validada por el Tribunal, el cual también renovaron.

Fue en 2007 cuando también se creó la regla establecida en el artículo 134 constitucional en materia de propaganda gubernamental, por la exigencia del perredismo a evitar la intromisión de los presidentes de la República en los procesos electorales; se dejó en claro que la propaganda gubernametal debe cancelarse en todos los periodos de ejercicio electoral.

Se prohibió que los partidos políticos y los particulares contrataran propaganda electoral, porque el perredismo consideró que la campaña de 2006 en torno a que su candidato presidencial era un “peligro para el país” había influido en no alcanzar el triunfo contundente que esperaban; por eso también se prohibió, desde la Constitución, la promoción de la llamada campaña negra o campaña sucia.

En la reforma de 2014, PAN y PRD vencieron la resistencia del priismo para aceptar la anulación de las elecciones por el uso de programas sociales para comprar votos; por no presentar los gastos de campaña o precampaña y por la intromisión de la administración pública federal, estatal o municipal en los procesos electorales.

Era una oposición que, supuestamente estaba convencida de la urgencia de un México democrático; un México que dejara atrás sus 70 años de partido único y de avasallamiento de una sola visión de Estado, para dar paso a la pluralidad, a la transición política, a la alternancia en el poder, en todos los niveles de gobierno y en aras de florecer como una nación que dejaba atrás un episodio de abrumadora prevalencia de un solo partido político: PRI.

Muchos de esos políticos hoy están en Morena gobierno y hoy su visión cambió radicalmente, tanto que ayer incurrieron en un episodio histórico de vergüenza en la Cámara de Diputados. Una iniciativa de interpretación correcta que se hizo pública a las 09:00 horas, a las 18 horas ya era un hecho. ¿La urgencia? Que la administración pública federal pueda promover la revocación de mandato, que la Constitución prohibe, dado que ordena que sólo el INE puede promoverla.

Pero no es la única. Morena hoy ataca al INE que contribuyó a diseñar cuando su rostro era perredista. Morena

hoy quita reglas que le estorban para imponerse como mayoría.

Durante años, los morenistas impulsaron cambios que ahora revierten, porque tienen la lógica de que sólo ellos encarnan los verdaderos valores democráticos del país. Una lógica que ni el PRI se atrevió a sostener en sus peores momentos electorales.

No tengo duda, mientras Luis XIV decía: “el Estado soy yo”, Morena nos impone: “la democracia soy yo”.