¿Licencia? ¿Por?

Durante tres semanas, los diputados federales de Morena atacaron al panista Santiago Creel para orillarlo a solicitar una licencia a la que no está obligado, pero con el objetivo mediático de meter a todo el Estado mexicano a los tiempos y decisiones de Morena. Al final, la ley se impuso a las dinámicas mediáticas y cerró el paso a las histerias morenistas.

La Constitución no establece la solicitud de licencia de un legislador como una obligación, sino como un derecho del propio legislador; la Ley Orgánica no hace referencia a los momentos en que un legislador federal debe solicitar licencia y los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados establecen que la solicitud de licencia es un derecho del legislador, pero que deberá presentarse en caso de los requisitos del puesto de elección popular al cual aspire o si lo solicita su partido político en sus reglas internas.

El artículo 82 de la Constitución ordena los requisitos para ser Presiente de la República y son “ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección.

“Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por treinta días no interrumpe la residencia. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección.

“No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección y no estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83, que se refiere a los presidentes interinos o sustitutos”.

Hasta donde vemos, los requisitos no hacen referencia a que es obligación no ser diputados federales o senador de la República para acceder a una candidatura presidencial, lo cual implica que los legisladores federales no están impedidos de mantener su cargo mientras inician sus aspiraciones a otro puesto de elección popular.

Los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados establecen que los legisladores tienen derecho a solicitar licencia cuando decidan “postularse a otro cargo de elección popular cuando la licencia sea condición establecida en las disposiciones electorales correspondientes o en la normativa interna del partido político de que se trate”.

Al tratarse del cargo de responsable de encabezar el Frente Amplio por México, no le aplican los requisitos de un candidato presidencial formal establecidos en la Constitución y en los estatutos del PAN, PRI y PRD para este tipo de competencia. Además, el artículo 85 constitucional no incluye a los legisladores como posibles candidatos presidenciales, por lo que no los obliga a solicitar licencia.

Hay un antiguo juego infantil llamado Lo que hace la mano hace la tras, que implicaba que los participantes otorgaban a una persona el liderazgo de hacer lo que quisiera y el resto lo iba a seguir en todo.

Pero la vida política de México no es un juego y la Constitución y nuestras instituciones son más maduras que un juego así. Por eso, es una noticia muy positiva que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hayan dejado en claro que, si Morena obligó a sus corcholatas a solicitar licencia a sus cargos, no implica que el resto deba hacer lo mismo. Es decir, en apego a la ley, en la vida real y formal, lo que hace la mano no lo hace la tras.

• Así ha quedado muy clara la estrategia oficialista de usar artificios y mentiras para pretender sembrar una realidad muy forzada. Si Morena quiere separar a sus corcholatas de sus puestos políticos y de elección popular no implica que el resto tenga que hacer lo mismo.

La ley es la ley.