El riesgo de un árbitro parcial

Inmiscuidos abiertamente en una campaña anticipada por la Presidencia de la República, desde diferentes trincheras los morenistas intentan imponer el llamado plan B electoral, para que todos sus actos políticos de promoción, como reuniones, giras, bardas, muñecos de fieltro, espectaculares y activismo en redes sociales queden impunes, porque las leyes actuales castigan todas esas actividades ilegales con la imposibilidad del registro como candidatos, mientras el plan B los deja sin sanción.

Hoy, en la fila de asuntos por atender en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) existen cientos de quejas presentadas por militantes del PAN, del PRI y del PRD en contra de los evidentes e innegables actos anticipados de campaña de los morenistas, no sólo para la Presidencia de la República, sino también para gubernaturas y la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México.

Hace unos años, el Tribunal Electoral determinó que, mientras no arranque formalmente el año electoral, no se pueden considerar estas muestras políticas como actos anticipados de campaña.

Desde mi punto de vista, este criterio del juez de última instancia en materia electoral es un error, porque desvirtúa el propósito del legislador que prohibió el activismo político anticipado. La idea del legislador fue, como lo dice la exposición de motivos de las reformas que construyeron poco a poco esos límites, que ningún actor político se hiciera promoción antes del año electoral, y ese antes implica los cinco años o los dos años que hay entre una elección y otra para un cargo público.

Los morenistas aprovechan hoy el criterio fijado por el Tribunal Electoral para desplegar toda su campaña, con el disfraz que a nadie engaña de su libertad de asociación política y su derecho a la libre reunión. Recordemos lo que ocurrió en Coahuila y en Toluca el año pasado, cuando Morena quiso engañar para que una pasarela de sus corcholatas fuera vista como una reunión de partido sin fines electorales.

Los militantes de los partidos de oposición no están exentos de incurrir en estas irregularidades, aunque lo hacen en mucho menor medida que los morenistas. Las quejas que los opositores han presentado, a las cuales se han sumado militantes del mismo Morena, han logrado que se emitan sanciones y llamadas de atención. Los morenistas están colocados en bandos políticos y desde ahí tratan de dinamitar a los adversarios internos.

La relación de personas que presentan una queja ante el INE deja ver que Rodrigo Antonio Pérez Roldán es el autor del 66% de las peticiones de sanción en contra de Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal. El equipo de Ebrard también ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum.

El ambiente electoral se adelantó y puede convertirse en un caos si el INE voltea para otro lado mientras espera la definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del plan B.

Hoy están vigentes las reglas electorales que nos rigen desde 2014 y el INE está obligado a acatarlas. Pero la presencia de más filomorenistas en el Consejo General del INE, como su nueva presidenta, hacen prever que puede irse por un camino de relajación en la observancia de las reglas y permitir que estos excesos, ya de por sí negativos para la existencia de un ambiente electoral sano, se conviertan en un desorden difícil de corregir.

La lucha fratricida en Morena muestra desde ahora que un árbitro electoral parcial también los perjudica a ellos, porque, inevitablemente, los consejeros filomorenistas tomarán partido por una de las corcholatas en perjuicio de las otras tres.

Se equivocan quienes piensan que un INE parcial perjudica sólo a los opositores. Cuidado a los morenistas con los balazos en el pie.