El pasado 10 de septiembre, el Inegi publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 cuyo objetivo es obtener información representativa a nivel nacional y estatal sobre la victimización delictiva y la percepción de seguridad. En este caso, se refiere a delitos ocurridos durante 2025, mientras que la percepción de inseguridad y evaluación de autoridades se levantó entre febrero y abril de 2026.
La fotografía general es bastante clara: la proporción de personas víctimas de delitos bajó ligeramente en 2025, pero la incidencia delictiva prácticamente no cambió; la enorme mayoría de los delitos sigue sin llegar efectivamente al sistema de justicia y tres de cada cuatro adultos perciben inseguridad en su estado.
En 2025 hubo 23 millones de víctimas adultas, equivalentes a 23 mil 473 por cada 100 mil habitantes. Esto representa una disminución estadísticamente significativa frente a las 24 mil 135 víctimas por 100 mil de 2024. El 28.5% de los hogares, unos 11.7 millones, tuvo al menos una víctima.
Sin embargo, el número total de delitos permaneció muy alto: 33.8 millones, equivalentes a 34 mil 442 delitos por cada 100 mil habitantes. La tasa no presentó un cambio estadísticamente significativo respecto de 2024. En promedio hubo aproximadamente 1.5 delitos por víctima.
La estructura del delito es interesante porque el principal problema ya no es simplemente el robo. El fraude representa 24.1% de los delitos, seguido de extorsión, 19.8%, y robo o asalto en calle o transporte público, 16.4%. Juntos concentran alrededor de 60% de todos los delitos estimados por la encuesta.
El dato probablemente más preocupante de la ENVIPE es la cifra oculta —delitos no denunciados, denunciados sin carpeta de investigación y los casos en que esto no se especificó— que alcanzó 93.4 por ciento. De los 33.8 millones de delitos, solamente 9% fue denunciado. Y no todas las denuncias terminaron en una carpeta de investigación. En 2024 era 93.2%, de modo que prácticamente no hubo mejoría.
El problema es especialmente extremo en algunos delitos: la cifra oculta alcanza 98.2% en secuestro, 97.5% en extorsión y 96.5% en fraude. El robo total de automóvil es una excepción importante: su cifra oculta es mucho menor, 33.8 por ciento.
Y aun cuando existe carpeta de investigación, los resultados son limitados: en 38.1% de los delitos con carpeta “no pasó nada”.
Las propias víctimas explican parte del fenómeno: entre las razones atribuibles a la autoridad para no denunciar destacan “pérdida de tiempo”, 35.8%, y “desconfianza en la autoridad”, 13.0 por ciento.
La percepción de inseguridad ha disminuido, pero sigue siendo extraordinariamente alta. Entre febrero y abril de 2026, 74.0% de los adultos consideraba inseguro vivir en su entidad, una reducción estadísticamente significativa frente a 2025.
La inseguridad sigue siendo, con diferencia, el tema que más preocupa a la población: 60.7% la menciona, frente a 36.7% salud y 33.8% aumento de precios.
Los espacios que generan mayor inseguridad son el cajero automático en vía pública (70.4%), la carretera (62.6%), el transporte público (62.3%), la calle (58.9%) y el banco (57.4%). En cambio, sólo 14.3% se siente inseguro en su propia casa.
El efecto social va más allá de quienes efectivamente sufren un delito. Por temor, 62.8% dejó de permitir que los menores del hogar salieran solos, 44.7% dejó de salir de noche y 43.1% evitó llevar efectivo. También se reducen actividades como caminar, visitar amigos, viajar por carretera, utilizar transporte público o ir al cine.
En cuanto al costo económico, el Inegi estima que la delincuencia y la inseguridad costaron a los hogares 267 mil 300 millones de pesos, equivalentes a 1.06% del Producto Interno Bruto. La pérdida promedio por persona afectada fue de 6 mil 130 pesos. Parte considerable del costo de la inseguridad ocurre antes incluso de que haya un delito: cerraduras, puertas, ventanas, rejas y otras medidas de protección.
La confianza en las instituciones de seguridad muestra una brecha muy grande. Entre quienes identifican a cada autoridad, la mayor confianza corresponde a Marina (89.5%), seguida de Fuerza Aérea (88.9%), Ejército (87.0%) y Guardia Nacional (79.4 por ciento). En el otro extremo aparecen las instituciones civiles más cercanas al ciudadano: policía de tránsito 45.8%, policía preventiva municipal 57.1%, jueces 58.3%, MP y fiscalías estatales 58.4% y policía estatal 58.6 por ciento.
En conclusión: la victimización individual disminuyó ligeramente, pero uno de los grandes problemas estructurales permanece prácticamente intacto: la cifra oculta alcanza 93.4% de los delitos.
X: @leozuckermann