¿Por qué la terquedad?

¿Por qué insistir que nuestros políticos y funcionarios estén obligados, en la ley, a publicar sus declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y de impuestos? ¿Por qué la terquedad? En mi caso tiene que ver con una fuerte convicción basada en la evidencia empírica. Trabajo científico-académico ha demostrado que la divulgación pública de la situación financiera y de conflictos de interés de los políticos “se relaciona positivamente con la calidad del gobierno incluyendo una menor corrupción”.

Así lo concluye el ensayo titulado Disclosure by Politicians de los académicos Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio López-de-Silanes y Andrei Shleifer publicado en 2010 en el American Economic Journal: Applied Economics. Aparte de los controles tradicionales que tienen las democracias para evitar la corrupción de sus gobernantes —pesos y contrapesos, aplicación del Estado de derecho y procesos electorales— hay otra que se le pone menos atención: la divulgación de los políticos de sus finanzas y actividades empresariales. “Al exponer las inconsistencias entre el comportamiento real de los políticos y sus informes al respecto, la divulgación puede influir en los reportes de los medios (y, por extensión, en la votación), así como en la aplicación de las leyes”.

Los autores reconocen que la divulgación pública de la información de los gobernantes entra en conflicto con su derecho a la privacidad. Esto es importante en un país como México donde la información puede ser utilizada por el crimen organizado para atracarlos, extorsionarlos o secuestrarlos. Además, la protección a los datos privados incentiva que las personas más cualificadas, presumiblemente con un mayor ingreso y riqueza, participe en la vida pública. “Pero si el mercado político es igual que otros mercados, entonces una mejor información sobre los bienes que fueron objeto de una transacción, como son los políticos, mejora el rendimiento de este mercado”.

Los autores examinan “las reglas y las prácticas de divulgación para los legisladores de 175 países. El análisis se basa en las leyes que rigen la divulgación de información financiera y de negocios de los parlamentarios y su aplicación en la práctica. Prestamos atención a la existencia de las obligaciones de divulgación, la disponibilidad pública de los datos consignados en la práctica y la amplitud de la información que se da a conocer. Distinguimos entre la divulgación de los valores de ingreso y riqueza, la de las fuentes de ingresos y riqueza, así como de los conflictos de interés potenciales y reales. También consideramos la verificación y el cumplimiento de las reglas de divulgación”.

¿Qué encontraron estos investigadores? Lo resumen en un párrafo: “Hallamos que, si bien 109 de 175 países de la muestra tienen leyes de divulgación, más de la mitad de ellos no ponen, en la práctica, la información a disposición del público. Incluso en los casos de divulgación pública, lo que está disponible es a menudo limitado. Usando una nueva metodología que compara el potencial y la divulgación real, nos encontramos que en el país promedio que obliga a reportar la información, menos del 15% de la potencialmente útil sobre los legisladores está disponible al público. Sin embargo, también hallamos que la divulgación pública, más que la confidencial, es la que se asocia con un menor nivel de percepción de la corrupción y un mejor gobierno. En cuanto al contenido de la divulgación, encontramos alguna evidencia que la identificación de los activos, pasivos, fuentes de ingresos y conflictos [de interés], en comparación con los niveles de renta y riqueza, se asocia más frecuentemente con un mejor gobierno”.

Estos días muchos me han preguntado por qué mi terquedad en insistir en la obligación, en la ley, que los funcionarios públicos y políticos publiquen sus tres declaraciones en México. No se trata de una obstinación ocurrente o de un planteamiento populista en contra de la clase política. No. Mi reiteración tiene que ver con la convicción de que a México le urge resolver el tema de la corrupción que no sólo tiene efectos perniciosos sobre la economía sino que nos avergüenza frente al mundo. Es un gran problema que requiere grandes soluciones. Una de ellas, como lo demuestra el trabajo académico citado, es que la riqueza, ingreso y posibles conflictos de interés de nuestros gobernantes deben estar expuestos en una gran ventana que todos podamos ver y vigilar.

                Twitter: @leozuckermann