Vayamos a votar y exijamos

Hace casi cuatro décadas, en los 80, el principal reto del sistema político mexicano era acreditarse como una democracia real a través de elecciones libres y justas. Durante décadas, la lucha de la oposición y de no pocos intelectuales fue por contar con un árbitro electoral neutro, imparcial, capaz de asegurar piso parejo para todos y de hacer que los votos contaran y se contaran bien. Eso es una premisa básica en cualquier democracia genuina cuya falta impactaba de manera negativa, cada vez más, en la imagen de México en el exterior.

El sistema hegemónico de dominación como llamaba Octavio Paz al régimen, o la dictadura perfecta como lo definió Mario Vargas Llosa, comenzó a cambiar gracias a una férrea presión de la oposición, soportado por una intensa participación cívica. Así, después de que por primera vez el gobierno reconociera un triunfo de la oposición a nivel estatal —Ernesto Ruffo, Baja California en 1989—, llegamos a la creación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), en 1990. Lo anterior dio paso a la transición a la democracia, a la alternancia, a la reconfiguración de un nuevo Congreso donde, desde 1997 hasta hoy, ningún partido ha tenido mayoría absoluta.

Hoy nadie cuestiona la organización de las elecciones ni la imparcialidad de los órganos electorales, sin embargo, nuestros procesos electorales están lejos aún de ser un modelo. Estas elecciones han dejado ver claramente los desafíos que aún tenemos. En primer lugar, volvimos al pasado, justo a antes de los ochenta cuando el PRI-gobierno era juez y parte en el proceso. De nuevo, los actores priistas desde el poder usaron las instituciones del Estado, de manera particular, la Procuraduría General de la República para dañar una candidatura opositora.

Así lo establece la sentencia SRE-PSC-61/2018 emitida por el TRIFE que dice: “…se actualiza el uso parcial de recursos públicos, por parte de la PGR, para afectar la equidad en la contienda electoral con motivo de la difusión de los tres comunicados de prensa denunciados, relativos a Ricardo Anaya Cortés… Lo anterior porque… la falta de claridad o imprecisión en su contenido, así como el uso indebido de datos personales en uno de ellos, podría llegar a influir de manera negativa en el electorado, en perjuicio del otrora precandidato presidencial”. Lo anterior no puede quedar impune.

En segundo lugar, el clima de violencia electoral que al día de hoy ha cobrado la vida de unas 130 personas entre precandidatos, candidatos y otros vinculados al proceso, así como la renuncia de alrededor de mil candidatos por considerar en riesgo su integridad física o su vida y/o la de sus familiares. Esto no sólo es alarmante por la pérdida de vidas, sino porque nunca como ahora se había visto tan abiertamente la injerencia del crimen organizado en un proceso electoral a fin de hacerse del control de los gobiernos, sobre todo, municipales. La democracia ha sido infiltrada.

En tercer lugar, el financiamiento de las campañas sigue descontrolado y el respeto a los topes de campaña es una simulación. Los ríos de dinero que corren en las campañas ya sea para comprar votos para sí o para inhibir la votación del contrario, sigue siendo una realidad. Si ese dinero proviene del crimen organizado o de empresarios que ven sus aportaciones como una inversión, no importa, es ahí donde la corrupción política inicia.

Finalmente, el papel de los medios de comunicación también es un tema importante. La autorregulación para no difundir información falsa o imprecisa, como lo ha hecho sistemáticamente el diario El Universal, es indispensable para una mejor democracia.

El día de hoy vayamos todos a las urnas y decidamos mayoritariamente quiénes queremos que nos representen para exigirles después trabajar en corregir estos problemas y todos los demás que tiene nuestro país.