Una línea roja

Una de las grandes decisiones de la actual administración federal ha sido el expandir el papel de las Fuerzas Armadas a nuevas y muy variadas tareas y, de manera muy destacada, el consolidar su permanencia y liderazgo a cargo de la seguridad pública. 

 No sé en qué momento el Presidente de la República cambió su idea de que los militares y marinos debían ceñirse a sus funciones constitucionales, pero el que las tareas de seguridad pública estén bajo su mando lo intentó desde muy temprano en su gobierno con el acuerdo del 11 de mayo de 2020 —pocos meses después de creada la Guardia Nacional como un cuerpo civil—, por el cual se dispuso “de las labores de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública”. Dicho acuerdo fue controvertido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por varios actores que dudan de que dichas labores cumplan con las condiciones establecidas por la Constitución para que éstas sean realizadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y complementaria. 

 Después, en este año, el Presidente anunció que enviaría una iniciativa para modificar la Constitución y que la Guardia Nacional pasara formalmente a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero, ante el anuncio de los partidos de oposición de que no aprobarán ninguna reforma constitucional por lo que resta del sexenio, la semana pasada comunicó que no probará suerte con el Poder Legislativo y que, con base en un acuerdo administrativo, el paso de la Guardia Nacional a la Sedena se realizará el próximo 16 de septiembre. 

Lo anterior representa un desafío a la Constitución, al Congreso de la Unión, incluyendo a las y los legisladores de su propio movimiento que promovieron un diseño institucional en el que la Guardia Nacional a cargo de la seguridad pública estaría bajo un mando civil y en el que las fuerzas armadas podrían coadyuvar bajo ciertas condiciones, así como al Poder Judicial, particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en este tema fundamental del Estado mexicano ha retardado definiciones cruciales que se le plantearon desde 2020. 

 No hay duda de que el consenso establecido en nuestro máximo referente jurídico es que la seguridad pública esté en manos de civiles. El problema es que eso que es la teoría contrasta con la realidad de vivir en un país en el que los criminales —porque pueden— incendian ciudades y siembran terror, como apenas la semana pasada vimos en Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, y en el que el Estado muchas veces parece estar rebasado. 

 Las autoridades, principalmente las locales, dependen en gran medida del Ejército y de la Marina, más en los últimos años en que los recursos que recibían para fortalecer a las policías se han transferido en su mayoría a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Nacional. También es cierto que éstas gozan de aprecio, credibilidad y confianza por parte de la población. 

 Todo lo anterior ha convalidado la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública durante ya casi tres administraciones encabezadas por los tres principales partidos políticos de este país que, aunque en el discurso sostuvieron el ideal de contar con policías fuertes y competentes, en la realidad han andado en sentido contrario. 

El presidente López Obrador desterró esa idea de su cabeza hace tiempo y está a punto de cruzar una línea roja. La suerte parece estar echada y veremos si las otras instituciones del Estado, como el Poder Legislativo, cuyos titulares estarían habilitados para controvertir el acuerdo, lo hacen, y la Corte resuelve antes de que termine el sexenio. 

*Politóloga e internacionalista. 

Expresidenta de la Cámara de Diputados