¡¿Todos ‘pluris’?!

El presidente López Obrador ha enviado al Congreso la segunda de sus últimas tres reformas prioritarias, según lo que él mismo ha dicho. Tras la reforma eléctrica, ha propuesto una reforma electoral y sólo faltaría de presentarse la reforma que, presumiblemente, propondría la incorporación de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. 

La opinión publicada está dividida entre quienes dicen que es ocioso hablar sobre el contenido de la reforma electoral porque dan por hecho que la oposición la bloqueará —como ya lo han anunciado— y entre quienes han dedicado tiempo a analizarla. En lo particular, creo que cualquier propuesta presidencial merece atención porque cada iniciativa, cada decisión u omisión de política, cada discurso va configurando la visión de país que tienen quienes seguramente buscarán seguir incidiendo en la dirección del mismo. 

Así, lo primero que habría que decir es que esta propuesta en materia electoral parte de la idea de que en 2006 la presidencia de Felipe Calderón fue resultado de un fraude, de que se gasta demasiado en las elecciones y del antagonismo entre el Presidente, su partido y algunos de los consejeros actuales del INE. 

De ahí que la iniciativa se apalanca en el potente discurso de la auténtica democracia y de la austeridad, pero que, de aprobarse en sus términos, minaría la independencia del 

árbitro electoral, la capacidad de competir de los partidos políticos —particularmente a los de oposición—, así como el sistema judicial para dirimir controversias. Además, en lugar de eliminar los diputados llamados pluris, elimina a los que sí hacen campaña. 

La propuesta impactaría la independencia e imparcialidad del nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que los magistrados y consejeros electorales serían electos mediante voto popular a partir de candidaturas presentadas por el Congreso de la Unión, la SCJN y el titular del Ejecutivo federal, abriendo espacio para la intervención directa de los partidos políticos en la elección de quienes los regulan y cargando el fiel de la balanza hacia el partido mayoritario. 

 Por otro lado, la idea de eliminar a los organismos electorales y a los tribunales locales para centralizar la organización y judicialización de todas las elecciones en el Instituto Nacional de Elecciones y el Tribunal Electoral Federal, no sólo pondría en riesgo la organización de los comicios, sino que se incumpliría con tratados internacionales que obligan al Estado mexicano a tener, cuando menos, tres instancias para la resolución de controversias. 

 En cuanto a la capacidad de competencia de los partidos políticos, el eliminar el financiamiento público fuera del tiempo electoral, además de que el propio gasto para campañas se reduciría en un 66%, limitaría en gran medida los procesos de formación de cuadros entre ellos, mujeres y jóvenes, de conformación de las estructuras que participan en las elecciones, así como la vinculación y la comunicación con ciudadanos y organizaciones civiles que debe ser permanente. 

La incorporación del voto electrónico es algo valioso de la propuesta y no descartaría revisar el número de integrantes de las legislaturas locales y de los ayuntamientos sin comprometer la representatividad y la operatividad de los mismos. 

La propuesta llega tarde para aplicarse en las elecciones locales del próximo año y tendría que aprobarse, a más tardar, el último día de mayo de 2023 para que rigiera el proceso electoral de 2024, lo cual, como es sabido, con la conformación actual de la Legislatura, es muy improbable, sin embargo, ya sabemos cómo el Presidente y su partido conciben el ideal del sistema electoral mexicano. 

*Politóloga e internacionalista. 

Expresidenta de la Cámara de Diputados