Tras el fin de las precampañas, el pasado jueves, se supone que habrá un periodo de silencio político durante un mes y medio, previo al inicio formal de las campañas. Sin embargo, me temo que no será así del todo y es que la agenda de reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que enviará el próximo 5 de febrero al Congreso mantendrá avivada la discusión entre los partidos políticos y sus candidatos.
La jugada presidencial de aprovechar el último periodo de esta legislatura y de su sexenio para enviar entre diez y veinte propuestas de reformas a la Constitución es claramente una estrategia electoral que puede desplegar mientras los candidatos de su movimiento, en teoría, deberán estar al margen de la actividad electoral. Y es que los asuntos que propone revisar: que los trabajadores puedan jubilarse con su último salario completo; la desaparición de órganos constitucionales autónomos; la elección de ministros de la Corte por voto popular directo; insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, y garantizar el incremento del salario mínimo, entre otros, son temas complejos que requieren un cuidadoso análisis y mucha cabeza para construir reformas viables, imposibles de hacer bien en los tres meses que dura el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, pero que gozan de gran apoyo popular.
Bien sabe el Presidente que no tiene los votos en el Congreso para la aprobación de sus iniciativas, ya que, aunque los partidos de su movimiento son más que los de la oposición, no alcanzan a conformar las dos terceras partes del total de legisladores que se necesitan para cambios constitucionales como los que propone, pero también sabe que la oposición —como ya lo ha anunciado— no le dará los votos que requiere y será justo eso lo que alimente su narrativa de que no basta con ganar la Presidencia de la República, sino que es indispensable ganar la mayoría calificada en el Congreso para consolidar el cambio que él ha iniciado.
El trabajo de la oposición será el de explicar y convencer de que igual, o quizás aún más importante para el país, es evitar que una sola persona o partido concentre todo el poder y, para ello, es necesario que quien gane la Presidencia de la República tenga límites y contrapesos establecidos por el Congreso, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los órganos constitucionales autónomos. Eso es vital para nuestra democracia.
En los derechos laborales se debe avanzar, igual que en ampliar y mejorar los programas sociales tanto como sea necesario, es imperativo llegar a un consenso sobre un modelo de seguridad realmente eficaz y urge resolver el cada vez más grave problema de la escasez de agua, así como solventar lo necesario para aprovechar el nearshoring, esas son políticas, importantísimas, sí, pero no son el fundamento de nuestro régimen democrático.
La diferencia entre ser una democracia de más o menos calidad y una autocracia está precisamente en la división del poder, de los límites y contrapesos al poder, porque de ellos dependen en gran medida libertades y derechos de todo tipo y una vez que éstos desaparecen es muy difícil restituirlos.
Ya lo decía Montesquieu: “El poder que no es limitado lleva necesariamente al abuso y a la arbitrariedad, pero si el poder está distribuido entre distintos órganos que mutuamente se frenan, queda cerrada la posibilidad de que el poder constituido se haga ilimitado”. En otras palabras lo dijo también Lord Acton: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
No esperemos silencio político en las próximas semanas, sino una guerra de narrativas, nuestra responsabilidad como ciudadanos es informarnos para formarnos el mejor criterio propio posible.
*Politóloga e internacionalista.
Expresidenta de la Cámara de Diputados