Logo de Excélsior                                                        

Nadie gana más que el Presidente

Laura Rojas

Laura Rojas

Agora

 

El cuánto deben ganar los servidores públicos ha estado en la agenda pública desde el inicio de la actual legislatura federal hace ya prácticamente un año. En 2009 se aprobó una reforma constitucional que estableció que ningún empleado del gobierno puede ganar más que el Presidente de la República, pero no fue sino hasta 2018 que el Congreso de la Unión aprobó la ley que especifica cómo debe implementarse esa medida.

Aun antes de iniciada la actual administración, el Poder Legislativo fue el primero en eliminar prestaciones a diputados y senadores, así como gastos de diversa índole, que redujeron de manera muy significativa el presupuesto del Congreso. Luego, a partir del 1 de diciembre de 2018, le siguió el gobierno federal. En cuanto al Poder Judicial, si bien, la misma Constitución establece que los jueces, magistrados y ministros no serán sujetos de reducción salarial una vez iniciado su encargo, éste ha implementado medidas de austeridad para reducir su presupuesto, igual que los organismos constitucionales autónomos.

Los estados y municipios también se han ajustado a la medida de que nadie gane más que el Presidente. Es decir, que después de 10 años, finalmente, todo mundo ha asumido que los salarios de los servidores públicos deben tener un límite que evite abusos y excesos.

Sin embargo, hay una pregunta clave que sigue sin respuesta: ¿cuál debe ser y cómo debe establecerse ese límite? Detrás de esa pregunta está el reto de determinar salarios que justamente remuneren la preparación y el trabajo de los empleados públicos, y sean proporcionales a sus responsabilidades, sin ser escandalosos ni castigados. Para eso, la práctica internacional indica la delegación de la tarea de establecer lineamientos para la determinación de los salarios o, incluso, los salarios mismos, a órganos autónomos que se guíen por criterios técnicos y objetivos.

En el caso de México, la creación de un comité de remuneraciones integrado por representantes de los tres poderes, de los organismos constitucionales autónomos y del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de un sistema para proponer, pagar, verificar, evaluar y ajustar la remuneración de los servidores públicos, han sido propuestas del Partido Acción Nacional en el Senado y en la Cámara de Diputados que fueron rechazadas por la mayoría en dos ocasiones durante el último año.

Sin embargo, la Corte, a raíz de dos acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ha ordenado al Congreso legislar en la instauración de criterios objetivos para fijar las remuneraciones del servicio público por lo que, esta semana, 68 diputadas y diputados de Acción Nacional presentamos una nueva iniciativa para dar cumplimiento a dicho mandamiento judicial.

Nuestra iniciativa, además de crear el sistema y el comité de remuneraciones que proponga a la Cámara de Diputados el salario del Presidente de la República –del cual parten los demás–, contempla una metodología de valuación de los puestos de cada órgano público, para ubicarlo en el grupo y grado de responsabilidad que corresponda en los tabuladores; garantiza la proporcionalidad en las remuneraciones de los servidores públicos determinando el grado del puesto por la relación del impacto o contribución que representan las funciones respectivas; y asegura la actualización de los salarios tomando en cuenta factores como el índice inflacionario, el costo de vida en los lugares que se ejerza, el tipo de función que se lleva a cabo, y el sueldo promedio en el sector privado por una función similar o equivalente.

Éste será uno de los temas a impulsar en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que inicia el próximo 1 de septiembre.

 

Comparte en Redes Sociales