México en el mundo en riesgo

El Servicio Exterior Mexicano (SEM) es el servicio profesional más antiguo de nuestro país. Actualmente está integrado por casi 1,400 funcionarios públicos altamente calificados que, sin importar los colores del partido del gobierno en turno, han servido al Estado mexicano con institucionalidad y profesionalismo.

Ellos son el rostro de México en 193 países donde llevan a cabo las tareas de promoción de nuestro país, además de coordinar todas las acciones de cooperación.

También protegen a los mexicanos en el exterior. La protección consular representa una tarea titánica. Sólo en 2017 se atendieron más de 190 mil casos de protección y asistencia a mexicanos, el 95% de éstos tan sólo en los Estados Unidos, y a partir de la elección del presidente Donald Trump, la acción de los consulados ha cobrado mayor relevancia al representar para la población mexicana en ese país, que asciende a más de 35 millones de personas, la posibilidad de tener acceso a servicios como orientación sobre sus derechos y sobre procedimientos para adquirir la doble nacionalidad, diagnósticos migratorios, información preventiva sobre retornos y representación legal.

Pero nuestros diplomáticos no sólo prestan un enorme servicio a México y a los mexicanos, sino también al mundo, ya que durante décadas han destacado en los organismos internacionales, abanderando causas tan importantes como el combate al cambio climático, los derechos de las mujeres y los migrantes, el desarme, la protección y defensa de los derechos humanos, la paz y el desarrollo.

Sin embargo, su trabajo no había sido suficientemente reconocido. Hablando tan sólo del salario, éste no ha sido actualizado en las últimas dos décadas, lo que los ha hecho perder, en promedio, 40% de su poder adquisitivo. Los salarios de estos servidores públicos son 25% menores al salario adecuado, de acuerdo con el costo de vida, de las ciudades del mundo donde laboran. Por eso, atendiendo a esa y a otras necesidades, en abril pasado, el Congreso aprobó, con el apoyo de todos los partidos políticos, incluido Morena, una reforma a la Ley del SEM, que busca fortalecerlo a través del establecimiento de una serie de medidas de mejora laboral, pero también de transparencia y de rendición de cuentas.

Esta reforma, que ni siquiera se ha implementado en su totalidad, así como la convicción subyacente de que México necesita un servicio exterior fuerte, motivado y competitivo en función de los complejos retos que el momento actual nos representa, están abiertamente amenazadas por la intención de reducir el salario de los funcionarios del gobierno federal hasta en un 50%, anunciada por Andrés Manuel López Obrador.

Hay que entender que, en general, la administración pública requiere de funcionarios públicos con experiencia y preparación técnica suficiente para hacer un trabajo eficaz a favor de la ciudadanía, y que la inmensa mayoría de quienes trabajan en el gobierno son servidores públicos honestos, que se ganan la vida como cualquier otro mexicano. Tachar de corrupto a todo el que hasta hoy ha ganado un salario, que a veces es incluso menor que el que merecería de acuerdo con su capacidad y experiencia, no es sólo mentiroso e injusto, sino que abona a la división de la sociedad, en claro contrasentido con el discurso de reconciliación que ha abanderado el virtual Presidente electo.

Hay que entender, también, que los miembros del SEM, debido a la particularidad del trabajo que realizan deberían, en todo caso, ser excluidos de cualquier reducción salarial. De lo contrario, se debilitaría la actividad y la imagen de nuestro país en el mundo, un costo que no vale la pena pagar por cumplir una más de las ideas demagógicas del próximo Presidente.