Mala cultura política

La semana pasada fuimos testigos de uno de los episodios más sorprendentes y lamentables de la vida parlamentaria de nuestro país. Cada 30 de abril se termina uno de los dos periodos de sesiones que el Congreso tiene durante el año y, a medida en que se aproxima esa fecha, es común que la agenda legislativa se sature de asuntos que no fueron resueltos antes.

No es raro que tanto la Cámara de Diputados, como el Senado de la República lleven a cabo largas sesiones para desahogar agendas abultadas, pero lo que sorprendió esta vez fue la forma, una que, impuesta por los partidos mayoritarios, ya se va haciendo costumbre en detrimento de nadie más que del país, porque se trata de saltarse todos los pasos de análisis y discusión necesarios para determinar el sentido del voto y darle la mejor legislación posible a las y los ciudadanos.

¿Se trata de que los partidos mayoritarios claudiquen ante la oposición concediéndoles cambios en los que no están de acuerdo? No, se procura cumplir con los procesos legislativos regulares de discusión en comisiones y en el pleno para explicar y fundamentar sus propias posiciones, de escuchar las voces de quienes serán afectados por las reformas y de hacer un trabajo profesional y serio.

En sólo tres días, y de madrugada, en el Congreso desaparecieron el Instituto de Salud para el Bienestar, dejando en manos del IMSS la responsabilidad de atender a millones de mexicanos no asegurados, y la Financiera Rural; trasladaron las facultades de compras públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de la Función Pública, aprobaron una nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y les dieron control a las Fuerzas Armadas sobre las vías férreas, entre otros importantes asuntos. ¿Fueron estas buenas decisiones? No sabemos por qué las y los legisladores no se dieron el tiempo para analizarlo y explicarlo.

Samuel Huntington dice que “la cultura política es el conjunto de suposiciones fundamentales, valores, creencias y actitudes que definen el marco cognitivo del comportamiento político de un individuo o de un grupo”, y la cultura política es, en gran medida, dictada por los líderes, en quienes recae la responsabilidad de conducir las sociedades hacia buen puerto.

Sin embargo, desde 2018 hemos visto cambios en la cultura política, como la desacreditación moral —a base de verdades o mentiras— de quienes no comparten la visión del gobierno: políticos, periodistas, universidades e instituciones como el Inai, el INE o la Corte; la cooptación o el debilitamiento de instituciones diseñadas para generar contrapesos, y en el Congreso, el atropello como método parlamentario.

Como es natural, los gobiernos siempre han usado sus mayorías legislativas para avanzar en sus proyectos políticos y de gobierno. La diferencia fundamental es que se buscaba conciliar y considerar la posición de los demás y, cuando no era posible, se agotaba el proceso en todas sus etapas, incluyendo horas y horas de debate para escuchar y procesar las propuestas de quienes hoy gobiernan. Para las anteriores administraciones, la legitimación era importante.

Esta nueva cultura política ya tiene un impacto en los índices sobre democracia, donde México ha venido descendiendo como el Democracy Index de The Economist, que consigna una caída de la posición 86 en 2021 a la 89 en 2022 de entre 167 países, con una calificación global de 5.25 y una de 1.88 (de una máxima de 10), precisamente en el rubro de cultura política. Esto no sólo es negativo en el debate sobre la calidad de la democracia, sino que también impacta en la atracción de inversiones y la generación de empleos.

La mayoría tiene la tarea de acompañar a su gobierno, pero igualmente son responsables de la gobernabilidad y la confianza en el país, ojalá pronto lo comprendan.

                *Politóloga e internacionalista.

                Expresidenta de la Cámara de Diputados