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Los Derechos Humanos no tienen fronteras

Laura Rojas

Laura Rojas

Agora

Hace un par de días, Lilian Tintori, activista de derechos humanos venezolana, en entrevista con Leonardo Curzio, le dijo al presidente López Obrador que es grave cómo está actuando México frente a la crisis en Venezuela; que “no es injerencia defender a los venezolanos” y que necesitan que corrija porque “los derechos humanos no tienen fronteras”.

En efecto, está ampliamente documentado lo que Nicolás Maduro ha dejado a los venezolanos: desempleo, pobreza, desabasto, enfermedad, persecución, muerte y éxodo, pero es a partir de 2015 cuando Maduro desconoció a una Asamblea Nacional democráticamente electa, conformada en su mayoría por la oposición, que la OEA y varios países a los que México se sumó, subieron el tono de denuncia y preocupación sobre lo que sucede en Venezuela.

Las elecciones de mayo de 2018 marcaron otro punto de inflexión: se trató de comicios ilegales en los que el propio Maduro resultó electo para un nuevo periodo, elecciones que no fueron reconocidas por la comunidad internacional, México incluido. Al ser un proceso considerado ilegal, el resultado ha sido el desconocimiento de Maduro como presidente, un vacío en la titularidad del poder Ejecutivo y la toma de protesta como presidente interino de Juan Guaidó, cabeza de la Asamblea Nacional, de acuerdo con lo establecido por la Constitución venezolana. Pero esta vez, debido al cambio de gobierno, la voz de México no se cuenta entre las que han respaldado a Guaidó como cabeza interina del gobierno venezolano, cuyo principal propósito es convocar a elecciones libres y legales por las que se elija a un nuevo presidente.

A diferencia de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Costa Rica que han reconocido a Guaidó como presidente; o de Alemania, España, Francia y el Reino Unidos, que han anunciado su desconocimiento en caso de que Maduro no convoque a elecciones en ocho días, México ha dicho que no tomará bando, que no reconocerá o desconocerá a ningún gobierno en Venezuela en apego a los principios establecidos en la Constitución de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Lo de no entrometernos en los asuntos de los otros puede sonarles bien a muchos y sin duda es la salida fácil, pero, como dice Juan Manuel Gómez Robledo en su ensayo sobre el principio de no intervención publicado en 2018 por la SRE, “Detrás de esa recurrencia [de hablar sobre el principio de no intervención] se esconde una concepción estática y dogmática del principio de no intervención que denota desconocimiento acerca del origen y la diversidad de interpretaciones y aplicaciones de ese principio”.

El reconocimiento explícito de dicho principio data de 1945, cuando se firmó la Carta de las Naciones Unidas, pero en más de siete décadas el mundo ha cambiado, los retos internos y externos de los países son otros y el derecho internacional ha evolucionado para dar respuesta a nuevas realidades. De manera destacada la aparición de la agenda de derechos humanos en el ámbito internacional y la obligación por parte de los países de proteger estos derechos obliga a una interpretación del principio de no intervención que garantice su cumplimiento.

México ha entendido que los derechos humanos no tienen fronteras y, por eso, en épocas pasadas hemos condenado y actuado activamente en contra de dictadores como Franco y Pinochet. La reforma constitucional de 2011 quiso hacer de una convicción histórica una obligación para todos los gobiernos por venir: la de defender los derechos humanos a través de su política exterior.

En esta época aciaga para el pueblo venezolano, México debe reconsiderar su posición y ponerse del lado de la gente y no del dictador Maduro en congruencia con nuestra historia y principios.

 

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