Legislar en tiempos de pandemia

Durante los meses de la pandemia, los cuestionamientos sobre cómo equilibrar los poderes extraordinarios que los gobiernos requieren para dar respuesta a la emergencia sanitaria y a la crisis económica, con los controles adecuados, han llegado a los países justo detrás del coronavirus.

En tiempos normales, los otros dos poderes: el Legislativo y el Judicial, son los responsables de garantizar la división de poderes, el ejercicio de los derechos, así como una efectiva rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, en tiempos del COVID-19, estas instituciones están sujetas a las mismas medidas de distanciamiento social que el resto de las organizaciones públicas y privadas. En el caso particular del Congreso, esto ha limitado su funcionamiento, justamente en un momento en el que su actividad es insustituible para aprobar leyes, discutir acciones económicas de emergencia y supervisar al gobierno.

Uno de los más grandes aprendizajes de la llegada del COVID-19 es que debemos adecuar nuestras reglas para asegurar que las instituciones puedan funcionar en cualquier situación, por más crítica que ésta sea. Durante este año legislativo, la Cámara de Diputados sufrió dos bloqueos por parte de manifestantes que nos impidieron sesionar por días, al grado de tener que aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación seis días después de la fecha límite legal. Ahora, el coronavirus nos ha hecho perder seis semanas de sesiones ordinarias del Congreso.

¿Por qué? Porque ni nuestras actuales normas de funcionamiento ni las capacidades técnicas que se podían instalar apresuradamente garantizarían la certeza jurídica y la seguridad cibernética que se necesitan para no poner en riesgo las decisiones legislativas. Lo anterior no es exclusivo de México, no en vano la Unión Interparlamentaria ha generado un informe denominado Parlamentos en tiempos de pandemia, que reporta los esfuerzos de los parlamentos en el mundo, en su mayoría muy parecidos a los de la Cámara de Diputados, para cumplir con las responsabilidades básicas del Congreso, como la de representación de las y los ciudadanos, y la de supervisión del Poder Ejecutivo.

Durante este tiempo, los dos órganos de gobierno: la Mesa Directiva y la Jucopo continuaron trabajando: aprobamos un acuerdo para que las y los diputados pudieran presentar iniciativas y puntos de acuerdo, y se autorizó a las comisiones sesionar de manera virtual para adelantar deliberaciones.

En el ámbito de la representación, escuchamos a los representantes de los sectores productivos del país para generar acciones que ayuden a la recuperación económica, y en el de la supervisión al gobierno programamos reuniones con el secretario de Hacienda, de Educación, y con las secretarias de Economía y del Trabajo, entre otros.