Las viejas formas del nuevo régimen

A yer, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cumplió sus primeros 50 días y en este brevísimo tiempo ya hemos tenido muestras claras de su forma de gobernar, de su forma de relacionarse con los otros Poderes que conformamos el gobierno del país y con su forma de concebir a la sociedad civil.

El proyecto que ganó la confianza de más de 30 millones de mexicanos señalando, –en varios casos con razón–, corrupción e ineficacia por parte de los gobiernos del PRI y del PAN, ha decepcionado porque hasta el momento, no sólo en la forma sino en el fondo, el Presidente y su partido se han convertido en lo mismo que criticaban.

Los procedimientos parlamentarios para la creación de la Guardia Nacional y para la elección del primer Fiscal General de la República están llenos de ejemplos.

Sobre la Guardia Nacional, hay que recordar que la actuación de militares haciendo funciones de policías es irregular y por lo tanto, ésta debe ser excepcional y temporal. Debido a la falta de decisión del estado para desarrollar policías profesionales y capaces, los dos gobiernos anteriores y el actual, optaron por hacer permanente la estadía de las fuerzas armadas en las calles.

En contra de la evidencia acumulada de doce años que demuestra que la estrategia de militarizar la seguridad pública no sólo no ha funcionado para reducir la inseguridad y la violencia, sino que las libertades y derechos, particularmente los derechos humanos, se han visto seriamente afectados, de la mano de la reputación de México en el ámbito internacional, seguimos viendo, lamentablemente, una apuesta por dicha estrategia.

Así, el año pasado, aún durante la anterior Legislatura y bajo el gobierno del expresidente Peña, se aprobó con el voto en contra de Morena, la Ley de Seguridad Interior para legalizar sus tareas en materia de seguridad pública.  En aquella época, Morena acusó a la antigua mayoría priista de no escuchar las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales de Derechos Humanos, como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como a especialistas, académicos y activistas que pedían no aprobar dicha ley por ser inconstitucional y estar en contra de derechos básicos de cualquier régimen que se precie de ser auténticamente democrático.

La ley se aprobó y efectivamente fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero una vez en el gobierno, y después de haber llegado a éste prometiendo, precisamente, retirar al ejército de las calles, que tienen el mismo rango que la Carta Magna y que igualmente contravienen el diseño y funciones de la Guardia Nacional como fue aprobado por la nueva mayoría de Morena, desoyendo a los mismos organismos, especialistas, académicos y expertos de hace un año.

En cuanto al procedimiento de esta semana, por medio del cual, el Senado eligió al primer fiscal general de la República, los señalamientos que en el pasado Morena argumentó en contra del Partido Revolucionario Institucional cuando intentó que una persona cercana al expresidente Enrique Peña Nieto fuera electo Fiscal, aplican perfectamente a este nuevo proceso en el que los senadores morenitas eligieron un perfil cercano a López Obrador comprometiendo la autonomía de la fiscalía.

En estos 50 días, Morena y su líder han perdido buena parte de la credibilidad y la confianza que tardaron 18 años en construir.