Las mujeres no somos prioridad

Cada gobierno tiene el derecho de establecer sus propias prioridades de acuerdo con su visión de país y con la plataforma y compromisos que el partido que lo postuló hizo con las y los ciudadanos que lo votaron. Sin embargo, hay grupos de la población que, debido a sus necesidades particulares, la ley protege estableciendo que las instituciones responsables de éstos cuenten con los recursos necesarios para su operación y, por ende, para la protección de sus derechos. Uno de esos grupos poblacionales son, junto con las personas indígenas, las mujeres y las niñas.

Asegurar que los gobiernos tengan en mente las necesidades de las mujeres y las niñas bajo una perspectiva de igualdad entre éstas y los hombres ha sido un proceso legislativo y administrativo que ha tomado varias décadas y que aún está lejos de haberse consolidado. A pesar de que en los discursos, gobernantes de todos los partidos aseguran estar comprometidos con la agenda de igualdad sustantiva, en los hechos, los recursos y acciones a favor de las mujeres y las niñas se siguen regateando, y las batallas porque la planeación y ejecución de las acciones de los gobiernos se hagan con perspectiva de género, al igual que la asignación del dinero público, y luego, para que ese dinero asignado se entregue oportunamente y completo, son interminables.

La última fue la que dieron los diez integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que el miércoles pasado votaron en contra de la reducción presupuestal del 75% —casi 152 millones de pesos— del presupuesto que garantizaba la operatividad del Instituto.

No podemos negar que la pandemia por el covid-19 ha alterado todo: nuestra vida cotidiana y prioridades personales como el cuidado de la salud y la vida, que ahora están por sobre todo lo demás. Las prioridades del gobierno igualmente deben cambiar para atender la emergencia sanitaria y la crisis económica, pero ante una caída en los ingresos del gobierno o ante cualquier otra situación que lo obligue a hacer una resignación considerable en los presupuestos aprobados por la Cámara de Diputados, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece la forma de hacerlo, que es consultando a la propia Cámara. Además de que la misma ley prohíbe reducciones a los programas e inversiones dirigidos a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres, el gobierno federal estableció como actividad esencial la atención a este sector de la población en el marco de la pandemia por covid-19.

Las autoridades del Inmujeres han sostenido que el presupuesto recortado no afectará a las poblaciones objetivo de los programas del Instituto, sino que sólo afectará los gastos operativos del mismo como pago de luz, teléfono y equipo de cómputo, entre otros. Pero éste tiene responsabilidades más allá de la atención directa al público, como la de coordinar el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, integrado por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estados y municipios, o evaluar la implementación del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Estas actividades son indispensables para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas, y sería ingenuo creer que el recorte presupuestal no impactará en ellas.