¿Las mayorías deciden y punto?

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la invalidez de las reformas en materia electoral a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas. Estas reformas forman parte del llamado plan B que, junto con cambios a otras tres leyes y la creación de una nueva ley de medios de impugnación, impulsó el Presidente de la República para modificar el actual sistema electoral. Como recordamos, el plan A se trataba de una propuesta de reforma constitucional que, al no contar con la mayoría calificada en el Congreso necesaria para su aprobación, fracasó.

Las reformas declaradas inválidas por la Corte, permitían, por ejemplo, a los funcionarios públicos que aspiren a algún otro cargo promocionarse sin ser sancionados como es ahora, pero la Corte no las invalidó por su contenido sino por violaciones al proceso legislativo, particularmente al principio de la deliberación informada y democrática, así como a los derechos que asisten a las minorías parlamentarias, lo cual es muy relevante para la comprensión y el logro del modelo democrático al que aspiramos en México.

En pocas palabras: hay de democracias a democracias. No todas las democracias tienen el mismo nivel de desarrollo y para ser una de mejor calidad no basta con tener elecciones libres para decidir quiénes nos representan en el Congreso, sino la forma en la que esos representantes toman las decisiones que nos afectan a todas y a todos.

Como ejemplo, pensemos en cualquier servicio que necesitemos. Cuando acudimos con un médico para que nos ayude a tratar una enfermedad, esperamos un diagnóstico y un tratamiento a partir de que el doctor analizó nuestros antecedentes, condiciones, síntomas e incluso se ayudó con estudios de laboratorio. Lo mismo pasa con las y los legisladores que requieren analizar, comparar y estudiar para poder generar una solución, lo cual requiere tiempo.

Las reformas mencionadas se aprobaron en tiempo récord, saltándose los pasos del proceso legislativo regular que da espacio para que las y los legisladores puedan conocer y comprender el tema, decidir si están o no de acuerdo en lo que se plantea aprobar y dar propuestas para mejorar o complementar las ya planteadas, y por eso es que la Corte las determinó inválidas. Explicó que la iniciativa aprobada por los legisladores no fue la misma que envió en presidente López Obrador, ya que hicieron cambios al texto y la presentaron como propia; que se resolvió como de urgente resolución sin justificación; y que no se llevó a cabo una discusión parlamentaria debidamente informada porque no se dio tiempo para conocer el proyecto, afectándose así el cumplimiento del principio de deliberación informada y democrática.

Jürgen Habermas es uno de los filósofos políticos más destacados en el tema de la deliberación informada y democrática, y explica que no sólo los representantes sino también los ciudadanos deben poder participar en los procesos de discusión sobre los asuntos políticos que les afectan, con acceso a información relevante y en igualdad de condiciones, lo que tampoco sucedió.

Ante el argumento de que en democracia las mayorías deciden y punto, la Corte también determinó el derecho de las minorías parlamentarias a ser debidamente escuchadas.

Se espera que las otras cuatro reformas del plan B que también fueron impugnadas caigan por las mismas razones, igual que la veintena de modificaciones legales que se aprobaron fast track en el cierre del periodo de sesiones hace quince días. De ser así, lo que queda es que el Ejecutivo o sus grupos parlamentarios las vuelvan a presentar el próximo periodo de sesiones y se reinicie el proceso legislativo para su discusión y eventual aprobación.

Al final, sí, las mayorías deciden, siempre y cuando cumplan con el debido proceso y respeten el derecho propio y el de los demás de hacerlo de manera informada y razonada.

• *Politóloga e internacionalista.

Expresidenta de la Cámara de Diputados