La probable nueva configuración institucional de México

Aunque la siguiente legislatura, la LXVI, iniciará sus trabajos a partir de septiembre próximo, ya tiene claras tareas asignadas. De hecho, quienes integran la próxima Cámara de Diputados recibirán un dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la actual legislatura que aprobará la propuesta de reforma al Poder Judicial que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado.

Los foros de parlamento abierto sobre dicha reforma comenzarán este mismo jueves y, como ya se ha advertido por la alta jerarquía de la Cuarta Transformación, éstos serán para escuchar, no para cambiar elementos esenciales de la propuesta, como la elección de jueces, magistrados y ministros por elección popular. Queda entonces explorar mecanismos para limitar que la política no se priorice sobre la razón jurídica en las decisiones de los juzgadores y, de paso, proponer mejoras que ayuden a lograr que la justicia, efectivamente, sea accesible para todas y todos, principalmente a nivel local, de manera profesional y sin corrupción.

A reserva de lo que resuelvan las impugnaciones electorales que han presentado los partidos de oposición, Morena y sus aliados podrán aprobar esta reforma constitucional en la Cámara de Diputados y estarían a tan sólo tres votos en el Senado de la República de lograr el cambio en dicha cámara, lo cual no parece difícil de conseguir si se abren a negociar un texto con senadores de Movimiento Ciudadano, por ejemplo.

Pero la reforma al Poder Judicial no es la única que podrán aprobar si consiguen esos tres votos durante la siguiente legislatura. Ayer mismo, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que impulsará el cambio de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en la Constitución, que quedó pendiente de aprobarse en esta legislatura, precisamente por no contar con los votos suficientes en ninguna de las cámaras para lograrlo. De concretarse esta reforma, se implementaría ya sin obstáculos la visión de militarización de la seguridad pública que han impulsado Morena y sus aliados.

Otra reforma que impactaría en el actual diseño del Estado mexicano es la que propone la desaparición de órganos autónomos y reguladores, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como 18 organismos descentralizados y desconcentrados federales. La iniciativa propone que las funciones de dichos organismos sean realizadas por las dependencias del gobierno federal revirtiendo el proceso de desconcentración de funciones y de poder de la administración federal realizado en las últimas tres décadas.

Una reforma más a considerar por la siguiente legislatura es la electoral, que propone la eliminación de diputados y senadores plurinominales, limitar a un máximo de 45 diputados los congresos locales, la reducción de regidores y concejales, y una reorganización de las autoridades electorales nacionales. Esto sumado a la eliminación de la reelección de integrantes de ayuntamientos, diputados locales y legisladores federales a partir del año 2030, considerada dentro de las cinco prioridades legislativas de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, junto con la inclusión como derechos constitucionales de la beca universal a estudiantes de educación básica de escuelas públicas y de la pensión a mujeres de 60 a 64 años.

Esperemos un inicio de la próxima legislatura que podría cambiar la configuración de las instituciones como las conocemos hoy día.

           *Politóloga e internacionalista.

                Expresidenta de la Cámara de Diputados