La primera semana de AMLO

Ayer Andrés Manuel López Obrador cumplió su primera semana como Presidente de México, pero como todos sabemos, comenzó a tomar decisiones de gobierno aun antes de su toma de protesta.

Podríamos dividir dichas decisiones en actos simbólicos, decisiones de política e iniciativas legislativas que en su conjunto buscan ir cumpliendo sus promesas de campaña.

Empecemos por lo simbólico. El sábado pasado vimos al nuevo Presidente de México transportarse en un auto sedán austero, sin todo el aparato de seguridad de otras épocas, y hasta arrodillarse frente a un indígena. Ese mismo día vimos a una familia oaxaqueña apropiarse de esa especie de ciudad prohibida, Los Pinos. Se acabaron las pensiones para los expresidentes, vimos el avión presidencial volar hacia otros cielos y al Estado Mayor Presidencial dejar de cumplir la misión para el que fue creado: la protección y atención del Presidente de la República.

Por otro lado, el Poder Legislativo fue el primero en el que las políticas de austeridad se aplicaron. Con la aprobación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, dicha política será aplicada en el gobierno federal, seguramente en el Poder Judicial (a pesar de la suspensión de la aplicación de dicha ley ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), y en los órganos constitucionales autónomos, a partir de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, que se espera reasigne muchos de los recursos usados anteriormente para el pago de gasto corriente al financiamiento de los programas sociales prometidos por López Obrador, como los de apoyo para jóvenes y adultos mayores.

A una semana de haber iniciado formalmente el gobierno, estas decisiones, orientadas a cumplir con la demanda ciudadana de terminar con lo que, en un país con 60 millones de personas en pobreza, pueden considerarse abusos y privilegios, han sido positivas.

Sin embargo, gobernar un país tan complejo como México requiere mucho más que acciones simbólicas, incluso si éstas logran traducirse en una política permanente de servicio público honesto y austero como es lo deseable.

Pronto, los ciudadanos comenzaremos a exigir la solución de los problemas reales que afectan nuestras vidas: que suban los salarios, que haya más empleos, que bajen la gasolina y los impuestos, que cese la inseguridad y la violencia, que disminuya la pobreza y la desigualdad, que deje de haber violaciones a los derechos humanos, etcétera.

Y aquí es donde los primeros pasos que ha dado el gobierno de López Obrador no sólo no parecen estar encaminados a la solución de estos problemas, sino que, incluso, ya han causado daños.

El primero se deriva de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, en el que ya se han invertido cien mil millones de pesos. Además del perjuicio ambiental, el gobierno obradorista ofreció recomprar con dinero público los bonos a los tenedores, a fin de poder detener la obra. La oferta fue rechazada, pero ya sea por esta vía o por la de multas por cancelación de contratos, los contribuyentes terminaremos pagando, no por tener una nueva obra de infraestructura, sino por no tenerla.

Lo anterior también dañó la confianza de los inversionistas en nuestro país y, aunado a la iniciativa para eliminar las comisiones bancarias presentada por el senador morenista Ricardo Monreal y a la idea de retirar las concesiones a las mineras, ha provocado la  devaluación del peso frente al dólar y que la Bolsa Mexicana de Valores haya sufrido considerables pérdidas.

Preocupa también la visión del nuevo gobierno con respecto a las instituciones: su desprecio por la independencia en el caso de la Corte, la Fiscalía General y el Banco de México son algunos ejemplos.

Así que los símbolos se agotan, pero las demandas de la gente no.