La NO separación Estado–iglesias

En febrero y marzo pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con integrantes de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice).

Excélsior publicó que, en dicha reunión, los líderes evangélicos “ofrecieron su apoyo al Presidente en la campaña para jóvenes contra el uso de drogas y solicitaron tener acceso a medios masivos de comunicación” (21/02/2019). En ese entonces, el presidente de la Confraternidad, Arturo Farela Gutiérrez, dijo que al menos “cinco mil templos podrían ser usados para que se puedan llevar adelante los proyectos que el gobierno federal tiene contemplados”.

La cercanía de López Obrador con las iglesias evangélicas no es una novedad.

Él mismo, en muchas ocasiones, ha parecido un predicador, ya sea desde el pódium de sus conferencias de prensa matutinas, o desde el templete de un evento oficial, tal como lo vimos hace unos días en el acto que, en el marco de los acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos, se celebró en Tijuana y en el que hicieron uso de la palabra representantes de las comunidades católica

y evangélica.

Esta cercanía personal y política empieza a rendir frutos, ya que el pasado 31 de mayo se publicó una reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación para facultar a las asociaciones religiosas a coadyuvar en la implementación de políticas públicas para alcanzar objetivos que son responsabilidad el Estado, como la prevención del delito.

El cambio apenas ha sido consignado por los medios de comunicación, pero implica una transformación profunda en la visión del gobierno respecto de las asociaciones religiosas, y, por supuesto, en su relación con éstas, la cual desde la definición del Estado mexicano como una república representativa, democrática, laica y federal había sido de separación entre los ámbitos de competencia de uno y otras,

hasta ahora.

En mi opinión, por muy loable que sea la intención, esto es contrario a la Constitución y ya tocará a los abogados especialistas, e incluso a la Corte, pronunciarse sobre el tema.

Por lo pronto, el gobierno tiene muchas preguntas que responder: ¿Cuáles serán las tareas que las asociaciones religiosas harán en coadyuvancia con el gobierno? ¿Cuál será el alcance de su actividad? ¿Recibirán financiamiento público? ¿Quién definirá la política pública que implementarán, sus métodos, sus contenidos? ¿Hablarán con los ciudadanos a nombre del gobierno de la República o a nombre propio? ¿Predicarán incluso en contra de derechos y libertades ya plasmadas en la Constitución o se limitarán a hacer trabajo social? ¿Quién las supervisará y evaluará?

Además de este cambio legal, que permitirá a las asociaciones religiosas ir de la mano del gobierno para fortalecerse y penetrar más eficazmente en la sociedad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha otorgado una concesión de radiodifusión para uso social, a la asociación civil La Visión de Dios.

El IFT ha argumentado que, dado que los integrantes de la asociación no aparecen en los directorios de Ministros de Culto o de Asociaciones Religiosas, no les aplica la prohibición de acceder a concesiones de radiodifusión establecida por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Sin embargo, el nombre de la asociación no deja lugar a dudas sobre el carácter religioso de la organización.

No hay que dejar de advertir que estos pasos que estrechan la división entre el Estado y las iglesias no solamente incrementarán su influencia social y cultural, sino política. La alerta está dada.