La comparecencia que no fue

La función más conocida del Poder Legislativo es la de crear o modificar leyes, y tal vez la de aprobar el presupuesto público, particularmente por parte de la Cámara de Diputados. Sin embargo, los parlamentos tienen otras funciones fundamentales para el buen funcionamiento de un sistema democrático, como las llamadas facultades de control, entre las cuales se encuentran las comparecencias de servidores públicos ante comisiones o ante el pleno.

Dichas comparecencias no son simples reuniones de trabajo ni diálogos entre legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo, sino que son, o deberían ser, ejercicios de rendición de cuentas de quienes ostentan un cargo público por una designación del Presidente de la República ante los representantes del pueblo democráticamente electos. Los parlamentos en el mundo nacieron esencialmente para ser un contrapeso al poder —antes totalmente concentrado y absoluto— de los monarcas y, en el caso de las repúblicas, como la nuestra, para limitar el poder de las y los presidentes, de ahí que el que las y los legisladores cumplan con su tarea de supervisar el funcionamiento del gobierno es de suma importancia y, sin duda, es parte de su trabajo como representantes populares.

Esto viene a cuento por la postergación hasta nuevo aviso de la reunión del Secretario de la Defensa Nacional con diputados para abordar el hackeo conocido como Guacamaya Leaks, del que la Sedena fue objeto hace unos días, y por el cambio en el formato de la comparecencia ante el Senado de la República del gabinete de seguridad, en el que originalmente hablarían los secretarios de la Defensa Nacional, Marina Armada de México y Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y en la que finalmente sólo habló la titular de esta última.

Que los funcionarios del gobierno traten de eludir comparecer ante el Congreso no es algo nuevo, en México la cultura de rendición de cuentas está lejos de ser practicada como en otros países y la reticencia no ha sido exclusiva de este gobierno, pero no deja de sorprender que sean los propios legisladores quienes renuncien a ejercer sus propias facultades y funciones, como sucedió con el cambio de formato mencionado en la comparecencia ante el Senado o como la omisión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ante la postergación/cancelación de la reunión del titular de la Sedena con integrantes de esa cámara, según el secretario de Gobernación, debido a una carta “irrespetuosa” del diputado Sergio Barrera cuestionando que la reunión se llevaría a cabo a puerta cerrada en las oficinas del secretario y no de manera pública en la Cámara de Diputados.

Hay que ser claros: ni el Congreso de la Unión ni sus integrantes son subordinados del Poder Ejecutivo. Son, por el contrario, otro Poder que, como ya expliqué, ostenta la representación del pueblo y, por lo tanto, la facultad de llamar a cuentas a las y los servidores públicos de designación. Son éstos los que de manera normal deberían acudir a las citas a las que son convocados por los parlamentarios.

La Constitución, en su artículo 93, establece que “los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas”. Esta facultad es tanto para el pleno como para las comisiones.

Eludir rendir cuentas y renunciar a las propias facultades en nada contribuye al fortalecimiento de la democracia, por el contrario, abonan a la formación de autocracias.

           *Politóloga e internacionalista.         Expresidenta de la Cámara de Diputados