La caída del Presidente

Es verdad que el ejercicio de gobierno desgasta y que la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador aún es alta –arriba del 60 por ciento–, pero también es cierto que ningún presidente había caído entre 10 y 18 puntos en sus niveles de aprobación en los primeros cinco meses de su sexenio.

Generalmente, una reducción de 10 o más puntos en la satisfacción de los ciudadanos con la gestión presidencial es consecuencia de un evento particular, como un error grave y/o un mal manejo de crisis, los cuales pueden ser superados o por el contrario, ser el inicio de una espiral de descenso desastrosa.

Sin embargo, la caída de la aprobación del Presidente no se debe a un hecho en particular, sino a una serie de decisiones y actitudes consuetudinarias producto de una personalidad que difícilmente cambiará durante el resto del sexenio.

Más que un error de política, estamos ante una política de gobierno voluntarista, que desprecia la utilidad de las herramientas de la administración pública como los proyectos técnicos, los estudios de impacto presupuestal, los indicadores de gestión y las evaluaciones, y que descalifica la capacidad técnica de organismos internacionales y especializados cuando señalan que la realidad es otra frente a sus dichos.

Peor aún, estamos ante una política de gobierno que es capaz de pasar por encima de la ley y de ignorar a los otros Poderes e instituciones del Estado.

Todo ello está generando incertidumbre y desconfianza tanto en los inversionistas como en los consumidores: el Índice de Confianza del Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cayó, y México descendió en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa de A.T. Kearney, al pasar del lugar 17 en 2018, al 25 –el último de la lista–, en 2019.

El sector de la construcción sigue a la baja igual que el turismo, la venta de automóviles y la contratación de créditos. Además, ahora el gobierno será competidor en el mercado: construirá el aeropuerto, una refinería y hasta proveerá servicios de internet.

Esto, evidentemente, generará desempleo.

No se ve cómo, con esta forma de tomar decisiones y de ejercer el presupuesto público, se puedan superar problemas tan enquistados como la inseguridad y la violencia –que están en niveles récord–, la corrupción y la falta de servicios educativos y de salud de calidad.

El propio Plan Nacional de Desarrollo (PND) es una muestra de lo extraviado que está el gobierno, ya que ni siquiera fueron capaces de alinear sus objetivos en los dos documentos que lo integran.

Por ejemplo, el documento que hizo el Presidente dice que la corrupción será la excepción y el que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dice que la reducción de los actos de corrupción será del 46 por ciento.

La Cámara de Diputados debería devolver el documento al Ejecutivo para que clarifique cuáles son las metas a las que se compromete y sobre las cuales será evaluado por la ciudadanía.

La visión del gobierno actual no es una visión de futuro, al contrario: el presupuesto para cuidar el medio ambiente fue uno de los que más se redujo este año, igual que el de ciencia y tecnología, para apostar, en cambio, por una refinería contaminante y un tren que devastará buena parte de la selva.

En términos de libertades y derechos también hay razones para estar preocupados mientras que la retórica divisiva del Presidente no cesa.

Todo lo anterior explica un creciente descontento ciudadano. Javier Sicilia lo expresó así hace unos días: “pasamos de un gobierno de corruptos a un gobierno de ineptos”. Urge que corrijan.