Guardia Nacional

México –a veces hay que recordarlo–, es un país grande y potente. Es un país que ha alcanzado niveles significativos de desarrollo en varios sectores de la economía y en el ámbito de las instituciones democráticas en temas tan especializados como el electoral, el acceso a la información pública, la generación de datos o la igualdad de género, al grado de ser otorgantes de cooperación internacional en esas materias.

En más de un siglo, a partir de la Revolución Mexicana, hemos aprendido a construir y desarrollar instituciones, por eso sorprende y desespera el pasmo y la ineptitud para solucionar el problema que dio origen al Estado mismo: la preservación de la vida y el patrimonio de las personas. En las últimas dos décadas, bajo el modelo de militarización de la seguridad pública, la inseguridad y la violencia no han disminuido; por el contrario, 2018 terminó como el año con más homicidios de la historia, y en lo que va de 2019, las cosas no pintan mejor.

A lo largo de dos sexenios se acumuló evidencia que demuestra que perpetuar la tarea excepcional de las fuerzas armadas en la seguridad pública en vez de apostar por el desarrollo de policías profesionales y confiables es el peor de los mundos: se ha generado una dependencia hacia el Ejército y la Marina; múltiples violaciones a los derechos humanos han ocurrido exhibiéndonos ante la comunidad internacional y sin resultados.

Por eso, el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles fue una de las principales promesas de campaña de López Obrador y millones le creyeron. Una vez en el gobierno, su propuesta de Guardia Nacional –aprobada por su mayoría en la Cámara de Diputados– resultó en algo a lo que ni Calderón ni Peña se atrevieron: en palabras de Pedro Salazar, “constitucionalizar la militarización del país” y sin un plan paralelo de fortalecimiento de las policías.

Gracias a que esta reforma es constitucional y a que Morena y sus aliados no cuentan con los dos tercios de los votos que se requieren para aprobarla, la oposición y la sociedad civil pudimos evitar que ésta fuera votada el pasado diciembre e impulsamos la celebración de audiencias públicas esta semana en las que se escuchó a un amplio número de actores del tema: gobernadores, alcaldes, secretarios de Estado, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, organismos empresariales, académicos, especialistas y activistas.

Gracias a este ejercicio de parlamento abierto, el dictamen aprobado en comisiones se modificará por lo expresado por la mayoría de las bancadas, en los siguientes aspectos: el mando de la Guardia Nacional será civil; se respetarán las facultades en materia de seguridad pública de los estados y municipios y se implementará un plan de fortalecimiento de las policías en el país.

En mi opinión, esto no bastaría para que la oposición acompañe la reforma. No se trata sólo de cambiar el mando de quienes serán, en la práctica, militares en funciones de policías, sino de establecer límites a la actuación de la Guardia Nacional para que, citando de nuevo a Salazar, ésta sea: “excepcional, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles y fiscalizada por órganos de naturaleza civil” y no darles una carta para intervenir incluso en delitos del fuero común, como está actualmente en el dictamen.

La actuación de la Guardia Nacional también tendría que estar acotada en tiempo, territorio y circunstancias que ameriten su intervención, bajo controles como la autorización y supervisión de los congresos locales, por ejemplo, y tendría que ser armónica con los instrumentos internacionales de los que México forma parte.

La clave está en los conceptos de lo que es aceptable para una democracia constitucional moderna como la que aún aspiramos a ser.

*Diputada Federal. Politóloga e internacionalista.

@Laura_Rojas