Extinción de fideicomisos: un golpe al desarrollo

Pocas veces se ha visto tal movilización de tan diversos sectores de la sociedad en un asunto legislativo. Primero fueron los cineastas, luego, las víctimas, los defensores de derechos humanos, los científicos e investigadores, los periodistas, los medioambientalistas, los productores agrícolas, los de protección civil y hasta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Se invirtieron largas horas en escucharlos en sesiones de parlamento abierto, todo, para que la Comisión de Presupuesto recogiera uno a uno, en su dictamen, los argumentos por los cuales los fideicomisos debían preservarse, pero al final, contradictoriamente, decretara su eliminación.

Durante el receso legislativo la oposición evitó la inclusión de este tema en una sesión extraordinaria, y una vez iniciado el periodo ordinario, durante horas de sesión, dimos mil y un argumentos para rescatar algunos de los fideicomisos que atienden los asuntos más críticos. Todo fue en vano.

Detrás del fideicomicidio no hay otra cosa más que un gobierno ávido de más recursos para gastar en prioridades que no necesariamente empatan con las del país.

Los fideicomisos son instrumentos que protegen los recursos de un uso discrecional y opaco del gobierno en turno a fin de garantizar la realización de actividades estratégicas como la ciencia, la tecnología y la innovación, el desarrollo metropolitano, la adaptación y mitigación del cambio climático, la agricultura, la reconstrucción tras desastres naturales o la cooperación internacional. Así como para atender a ciertos sectores de la población que necesitan protección y apoyo, como los defensores de derechos humanos y los periodistas, las víctimas, los realizadores de cine independiente o los deportistas de alto rendimiento. Los recursos de los fideicomisos pueden trascender los ciclos anuales a los que está sujeto el presupuesto del gobierno, por eso son particularmente útiles para salvaguardar fondos destinados a investigaciones científicas o producciones cinematográficas cuyo desarrollo puede durar más de un año, y para recolectar aportaciones privadas, de organismos internacionales como la ONU o de otros países como Alemania, Francia, el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y otros, que año tras año financian un buen número de proyectos en nuestro país.

Con la extinción de los fideicomisos, que aún tendría que ser confirmada por el Senado de la República, Morena le estaría entregando al gobierno federal 68 mil millones de pesos para gastar discrecionalmente en lo que resta del año, y no hay garantía de que, como han asegurado, se restablecerán en el Presupuesto de Egresos 2021.

Todos los países enfrentan emergencias debido a la pandemia, y todo gobierno tiene derecho a implementar sus ideas, lo inaceptable es comprometer el futuro despojando a los proyectos en los que se basa un de por sí precario desarrollo nacional, como los de ciencia o agricultura, que podrían hacernos menos dependientes de los países desarrollados o avanzar hacia la soberanía alimentaria. Lo cuestionable es desproteger a los periodistas, cuya vida está amenazada, comprometer la reparación a las víctimas o posponer el cumplimiento de nuestros compromisos en materia de cambio climático.

De concretarse, la extinción de los fideicomisos será un duro golpe al desarrollo de nuestro país. Espero que el Senado de la República lo evite.