Estancias infantiles, sí

El programa Estancias Infantiles ganó visibilidad a partir de la reducción de su presupuesto y de la lucha que, tanto los responsables de estos centros de desarrollo infantil como las madres beneficiarias de éstos, han dado en su defensa.

Madres y responsables empezaron, durante varios días, a congregarse en el Zócalo, con la esperanza de hablar con el presidente López Obrador para explicarle que las estancias son la única alternativa para el cuidado de unos 320 mil niños, cuyas madres son mayoritariamente trabajadoras domésticas o comerciantes en el sector informal, por lo que no son beneficiarias del IMSS o del ISSSTE, y que tampoco pueden pagar una guardería privada. Hasta el momento, no han tenido éxito.

Después de las manifestaciones frente al Palacio Nacional y de la suma de voces de comunicadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil y legisladores de todos los partidos a favor de las estancias, el Presidente anunció que la operación del programa se homologaría a la de otros programas del nuevo gobierno, es decir, que el subsidio que el gobierno antes otorgaba a los responsables, ahora se entregaría de manera directa a las madres, sólo que, en lugar de ser 950 pesos mensuales, ahora serán 800.

La solución está lejos de ser satisfactoria según me lo han explicado las propias responsables de las estancias y las madres usuarias del programa con quienes me he reunido. En primer lugar, porque el subsidio es menor que el de años anteriores. Las cuotas mensuales a las estancias, por menor atendido, se integraban por el subsidio público de 950 pesos, más 550 pesos que cada madre aportaba, es decir, mil 500 pesos en total.

Las nuevas reglas que establecen un subsidio de sólo 800 pesos mensuales obligarían a que las madres aportaran 150 pesos más al mes, o a que las responsables sacrificaran alguna parte del servicio, ya sea en alimentación, material de apoyo y actividades para el desarrollo de los menores, o reducción de salarios del personal que labora en las estancias. Nada de lo anterior es ni justo ni razonable.

Por otro lado, si el dinero se transfiere directamente a las madres, no hay garantía de que éste sea usado para el cuidado de los niños y niñas. Lamentablemente, las familias usuarias del programa cuentan con escasos recursos, por lo que podrían usar el subsidio para cubrir otras necesidades, privando a los menores de un espacio no sólo de cuidado, sino de desarrollo integral en el que conviven con otros niños, aprenden, se divierten, comen bien y adquieren hábitos de orden e higiene.

Los argumentos de corrupción que ha dado el gobierno para justificar el cambio en las reglas de operación no se sostienen: según las auditorías sólo en 1.2% de las estancias se encontraron irregularidades, contra todos los beneficios que generan no sólo a favor de las niñas y niños sino de las madres. Por ejemplo, el Coneval encontró que 90% de las madres de los menores que asisten a las estancias cuenta con 33 horas a la semana para trabajar o estudiar y, gracias a ello, una mayoría ha permanecido en su empleo o programa de estudios. Así, el programa de Estancias Infantiles ha sido también una política que ha abonado a cumplir el objetivo de igualdad de género.

Finalmente, hay que recordar que este programa genera empleos directos para unas 80 mil personas en todo el país, que hoy enfrentan la incertidumbre de no saber si seguirán teniendo un trabajo.

Hace falta madurez política para comprender y aceptar que no todo lo que se hizo en el pasado funciona mal, y que, si algo funciona bien, no sólo hay que dejar que continúe, sino apoyarlo.

Las estancias son un claro ejemplo de lo anterior y por eso las estamos defendiendo. Los amparos interpuestos ya empezaron a rendir frutos y vienen más. El Presidente debe corregir.