Ahora la suerte del sistema electoral mexicano estará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ayer miles de ciudadanos en todo el país les recordaron a las y los ministros que la conforman la responsabilidad que tienen frente a ellos en este importante asunto para la República.
La defensa del INE ha convocado a la ciudadanía a manifestarse en menos de un año en dos ocasiones: la primera, para pedirle al Congreso federal la no aprobación de la iniciativa de reforma constitucional promovida por el Presidente de la República y, la segunda, ayer, para pedirle a las y los ministros que actúen con imparcialidad y con estricto apego a la Constitución en la resolución de las impugnaciones del llamado plan B electoral aprobado por los legisladores de Morena y sus aliados.
Hay que recordar que la propuesta inicial del Presidente consistía en modificaciones a la Constitución cuya aprobación necesitaba una votación de dos terceras partes de las y los legisladores que los partidos de la coalición del gobierno no tienen: con los votos de la oposición en contra se rechazó dicha propuesta y entonces, el gobierno impulsó su plan B, conformado por cambios a leyes que requieren sólo la mitad más uno de los votos. Esas reformas legales son las que serán impugnadas ante la Corte, por la oposición bajo el argumento de que varios de esos cambios legales son inválidos al no haberse modificado los preceptos constitucionales que los contravienen.
En años anteriores, la Corte ha retrasado lo más posible la resolución de impugnaciones a leyes o decisiones administrativas de gran interés del gobierno, jugando, de esta manera, a favor del Presidente de la República. Sin embargo, esta vez no deben ser omisos en su responsabilidad, ya que de ello depende la organización de las elecciones de 2024, las más grandes de la historia de México, la preservación de los empleos de miles de funcionarios de carrera del INE y la preservación de una parte fundamental de nuestra democracia.
De acuerdo con María Marván y Javier Martín en el documento Radiografía del plan B: la reforma electoral de 2023 a examen publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “la reforma electoral de 2023 pretende transformar de manera radical nuestro sistema electoral. Busca desaparecer prácticamente toda la estructura distrital del INE, eliminar una parte del servicio profesional electoral, minar la división entre órganos ejecutivos y de dirección, alterar los procedimientos que garantizan la capacitación e integración de las mesas directivas de casilla, abrir la puerta a la difusión de propaganda gubernamental prohibida, reducir las sanciones en la materia, erosionar la capacidad de las autoridades para prevenir y castigar actos ilícitos, así como una larga lista de etcéteras.
“Estamos frente a una de las reformas electorales más importantes en la historia constitucional de México. Sin embargo, a diferencia de la mecánica de los cambios que hicieron posible la transición a la democracia, ésta es una reforma profundamente regresiva. No exageramos cuando decimos que, de aplicarse, estaríamos frente a un retroceso de proporciones históricas y que pondría en riesgo la celebración de elecciones libres y auténticas”.
Eso: la defensa de elecciones libres es lo que ha movido a decenas de ciudadanos a expresarse en contra de una reforma aprobada al margen de la Constitución y del proceso legislativo.
Eso: la preservación de la capacidad operativa, del servicio profesional electoral, de los órganos técnicos, del acceso a la justicia electoral, del no uso de recursos públicos de servidores públicos para autopromocionarse y de la autonomía e independencia de las instituciones electorales es sobre lo que tendrá que resolver la Corte bajo el escrutinio de todo un país.
*Politóloga e internacionalista.
Expresidenta de la Cámara de Diputados