El Tribunal Electoral tampoco se toca

Hace apenas unas semanas, millones de personas en todo el país salieron a las calles a ratificar su rechazo a cualquier reforma que busque debilitar nuestro sistema electoral, y éste incluye, por supuesto, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Aún recordamos a los líderes de los partidos de oposición sumándose a la ciudadanía en las marchas y asegurando, en encendidos discursos, que “el INE no se toca y el Tribunal, tampoco".

Por eso sorprendió que esos partidos en la Cámara de Diputados hayan firmado y defendido, junto con Morena, una iniciativa para delimitar las facultades actuales del TEPJF que, en el contexto histórico de la lucha por los derechos político-electorales de las mujeres y de los grupos minoritarios, y en el contexto político actual de ataque a las instituciones democráticas, suponía debilitar a una de las instituciones clave para el desarrollo de la democracia en México y para el avance en el ejercicio de los derechos de quienes, por siglos, habíamos estado excluidas y excluidos de las posiciones de la toma de decisiones públicas.

¿La razón? A las dirigencias de los partidos no les gusta que el TEPJF los limite, por ejemplo, cuando intentan ampliar el periodo para el cual fueron electos, que multen a sus aspirantes a candidaturas por actos anticipados de campaña, que los obliguen a destinar candidaturas a personas indígenas, de la comunidad LGBTQ+ y jóvenes, o que les digan que la paridad en todas las candidaturas entre mujeres y hombres que establece la Constitución lo que realmente significa en todas, incluidas las de gubernaturas y presidencias municipales.

Así, la mayoría de los partidos se dispusieron a aprobar una reforma que, bajo el argumento de que el TEPJF ha rebasado su función y que ha llegado, incluso, a legislar, proponía: establecer que el TEPJF sólo podría actuar al tenor, literal, de la ley y la Constitución, limitando así sus facultades de interpretación, y facultar expresamente al Poder Legislativo federal para adoptar acciones afirmativas en materia electoral, entre otros.

El enorme problema de esta propuesta es que olvidó la historia de la lucha de las mujeres y de los grupos minoritarios que durante décadas hemos tenido que acudir al Tribunal Electoral para hacer valer nuestros derechos, aun cuando éstos han estado establecidos en la Constitución y en la ley.

No se necesita una reforma que diga que el Poder Legislativo federal puede adoptar acciones afirmativas en materia electoral cuando es parte de su función y desde el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en 1953 lo ha hecho. Como el colectivo Mujeres en Plural lo explicó, el Congreso estableció las cuotas en candidaturas para mujeres primero del 30%; luego, del 40%, los partidos no cumplieron y el Tribunal los obligó. Después surgieron las llamadas Juanitas: mujeres con suplentes hombres que, al llegar al cargo, renunciaban y el Tribunal estableció que los suplentes debían ser del mismo género que los propietarios para garantizar la cuota. Gracias al Tribunal se logró la alternancia mujer-hombre en las listas de representación proporcional y que se postulara a mujeres en distritos competitivos para, así, ir agrandando la presencia, no sólo de candidatas, sino también de legisladoras en el Congreso. Finalmente, en 2019, el Congreso aprobó que en todas las candidaturas los partidos deben postular 50% mujeres y 50% hombres, pero de nuevo los partidos no acataron en lo relativo a gubernaturas, hasta que el Tribunal lo ordenó.

En síntesis, el que un derecho esté establecido en la ley, desafortunadamente, no ha sido sinónimo de cumplimiento. De ahí el enorme rechazo que generó entre colectivos de mujeres y de minorías la propuesta de reforma. Gracias a éstos y a las y los legisladores de todas las bancadas que escucharon, hoy, al parecer, esta reforma está muerta. Sin embargo, este episodio nos recuerda que nunca hay que dar por ganados los derechos y libertades y que su defensa es una tarea permanente.

                *Politóloga e internacionalista.         Expresidenta de la Cámara de Diputados