Tristemente, el plan B del Presidente de la República en materia electoral sí resultó un plan V (de venganza), no solamente en contra del INE, sino también, por la forma, pretendió serlo en contra de la oposición.
Se sabía que, ante el inminente fracaso de reformar la Constitución por no contar con los votos de la oposición para ello, el Presidente enviaría una iniciativa de reformas a leyes secundarias para las que sólo necesitaría los votos de su coalición. Pero la forma en la que Morena y sus aliados forzaron su aprobación la madrugada del miércoles pasado fue uno de los procesos más burdos y desaseados que se ha visto en la historia del Poder Legislativo mexicano.
Es triste ver cómo la izquierda mexicana, que en tiempos del PRI y del PAN denunciaba a la aplanadora legislativa, los procedimientos apresurados y el que se ignorara a las minorías, hoy supera, y con creces, las formas del atropello legislativo.
Después de que en la sesión del martes pasado se rechazara en la Cámara de Diputados la propuesta de reforma constitucional en materia electoral que el Presidente de la República envió, se recibió su propuesta de reforma legal: una reforma a 450 artículos en cinco leyes y en casi 400 páginas. La iniciativa fue turnada a comisiones para iniciar el proceso legislativo, pero apenas un rato después Morena presentó la misma iniciativa y solicitó que se votara en ese mismo momento, sin dar tiempo de que siquiera se leyera, se analizara y discutiera como amerita cualquier reforma, cuantimás una que pretende —y sí que lo hace— transformar el sistema electoral mexicano.
El gobierno y sus legisladores no necesitaban tales prisas, podrían haber urgido el proceso, pero llevarlo a cabo de manera regular: al siguiente día en comisiones, y el jueves en el pleno, bajo la luz del Sol y no, literalmente, dando un madruguete. Lo hicieron simplemente porque pueden, sin darse cuenta —o sí— de que se han transformado en el viejo dinosaurio que tanto combatieron.
La guerra política en la que ha derivado la intención de una reforma electoral ha convertido al INE en un botín, y ha cancelado la posibilidad de una reflexión seria sobre cómo fortalecer, eficientar y, sí, también economizar los procesos electorales, porque siempre es posible mejorar.
De hecho, dentro de las modificaciones hechas esa madrugada hay varias positivas, como el que los partidos políticos deban establecer los mecanismos para cumplir con la paridad de género; el garantizar la diversidad en las candidaturas estableciendo un número específico para personas con discapacidad, afromexicanas, jóvenes, de la diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero; el facilitar el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, el de las personas con discapacidad permanente o en estado de postración, y el establecimiento del derecho a votar de las personas que se encuentran en prisión preventiva.
Sin embargo, también se aprobaron medidas regresivas, como la transferencia de votos entre partidos beneficiando al PT, el PVEM y otros que no cuentan con un gran número de votantes, además de desmantelar el Servicio Profesional Electoral Nacional, debilitando al INE, no sólo en su capacidad de organizar las elecciones, sino en sus facultades para sancionar a partidos, precandidatos y candidatos; minando al Tribunal Electoral al establecer un mecanismo que pone la espada de Damocles sobre la cabeza de su titular para ser removido a propuesta de sus pares, y flexibilizando la ley para que los funcionarios públicos puedan promocionarse para futuros cargos.
Muchos de los cambios hechos por la Cámara de Diputados son inconstitucionales y se prevé que esta reforma se judicialice. Veremos si, como lo ha anunciado el senador Ricardo Monreal, la mayoría en el Senado, efectivamente, actúa de manera sensata en un tema tan importante para la República.
Politóloga e internacionalista. Expresidenta de la Cámara de Diputados