De Debhani, de las que nos faltan y la inacción de las autoridades

Mientras escribo estas líneas leo que una adolescente más se ha reportado como desaparecida en Nuevo León, justo después de haber encontrado el cuerpo sin vida de Debhani Escobar y a unos días del feminicidio de María Fernanda Contreras. En menos de un mes, el Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León había emitido alertas por más de 20 jóvenes, 12 han sido localizadas con vida, pero al menos otras nueve siguen sin aparecer.

Estamos ante una nueva oleada de desapariciones de mujeres que coincide con la publicación del informe sobre México del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, cuya principal recomendación es la de la implementación urgente de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones. Claramente, una política nacional implica la coordinación y el compromiso de todos los ámbitos de gobierno, de los poderes Ejecutivo y Judicial, y del Legislativo para asegurar los recursos necesarios para su ejecución.

Pensemos, por ejemplo, en dinero para los ayuntamientos para la recuperación de espacios públicos y luminarias, pero también en la tan inalcanzable profesionalización de los cuerpos de Policía, a la que el Estado mexicano parece haber renunciado; pensemos en cámaras de seguridad y centros de control y monitoreo funcionando al 100%; imaginemos protocolos en coordinación con los prestadores de servicios de transporte; una campaña nacional que explique qué hacer en casos de desapariciones y, por supuesto, el fortalecimiento de los ministerios públicos, policías de investigación y jueces que no son suficientes, no cuentan con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones eficazmente y en algunos casos están coludidos. Particularmente, el caso de Debahni Escobar nos recordó qué tan incapaces son las autoridades para responder con prontitud y asertividad ante las decenas de desapariciones que hay día tras día en nuestro país.

Una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones que ayudara, si no a erradicar, por lo menos a disminuir la pérdida de nuestras niñas y mujeres, lo cual debería ser razón suficiente para que las fuerzas políticas dejaran su egoísta actitud de confrontación permanente y estéril a un lado y se pusieran a trabajar en proteger y salvar las vidas de a quienes desde hace décadas el Estado les ha fallado.

El informe, además de emitir recomendaciones, genera una radiografía del fenómeno de las desapariciones forzadas en México. Recogiendo información oficial y pública, recuerda que al 26 de noviembre de 2021 se encontraban registradas 95,121 personas desaparecidas y que sólo entre el 2% y el 6% de los casos habían sido judicializados, habiéndose emitido únicamente 36 sentencias en casos de desaparición de personas en todo el país. Además, más de 52,000 personas fallecidas sin identificar yacen actualmente en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense, lo cual da cuenta de que las autoridades forenses están rebasadas.

El Comité describe que si bien las desapariciones son mayormente perpetradas por delincuentes, también hay una participación de servidores públicos, ya sea por complicidad u omisión. Los grupos de la población mayormente afectados son hombres entre 15 y 40 años, con un llamativo incremento en adolescentes y mujeres. Se han detectado desapariciones también en el contexto carcelario, migratorio, así como en las comunidades indígenas y LGTBI+. Es de destacar el claro llamado que hace el Comité a abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública y garantizar el carácter civil de las instituciones de seguridad.

Ojalá, más allá de las condenas y culpas, de los discursos y promesas, nuestras autoridades por una vez en lo que va de este sexenio se tomen en serio este asunto y hagan caso a las recomendaciones de la ONU. Ni una más, ni una menos.

                *Politóloga e internacionalista.

                Expresidenta de la Cámara de Diputados