¿Cuarta Transformación o transformación de cuarta?

Hay una nueva tendencia en la administración pública. Mientras en los años 80 los esfuerzos de organización de la burocracia se hacían bajo la idea de que un gobierno pequeño era mejor, en los 90 y en los primeros años del siglo XXI el modelo prevaleciente fue el de Nueva Gerencia Pública que recoge prácticas de la empresa privada como la llamada orientación al cliente, que buscaba de esta forma, incrementar la eficacia gubernamental. Más recientemente, muchas reformas a la administración pública se han enfocado no sólo en la eficiencia de los servicios públicos, sino también en la calidad de los servicios.

Los ciudadanos de cualquier país buscamos que los impuestos que pagamos al gobierno nos sean retribuidos en servicios educativos, sanitarios, de seguridad, de vías de comunicación, de esparcimiento, etc., que no sólo sean accesibles para todo el mundo, sino que, sean de calidad. En México estamos lejos aún de tener esa demanda satisfecha.

Una razón de lo anterior es la recaudación fiscal que es baja haciendo que el gobierno no cuente con los recursos suficientes para atender a cerca de 120 millones de personas. La otra razón fundamental ha sido la corrupción y el abuso que desde el gobierno se ha hecho en forma, muchas veces, de franco atraco a los mexicanos.

Sin duda, la lamentable práctica de servirse en lugar de servir desde la función pública debe terminar, y la llegada de un nuevo partido al gobierno federal que ha prometido terminar con la corrupción y los abusos es una buena noticia. Sin embargo, es necesario distinguir lo que se ha llamado privilegios de una burocracia dorada, de salarios justos que recompensen la preparación, experiencia y resultados. Los salarios de los servidores públicos deben también ser competitivos a fin de que el gobierno sea capaz de hacerse de los mejores profesionales de las muy diversas materias que comprende la administración pública.

El tema de cuánto debemos ganar quienes nos dedicamos al servicio público es hoy día uno de los más importantes de la agenda pública. Éstos, de acuerdo con la Constitución, serán determinados por el salario del Presidente de la República, ya que ningún otro servidor público debe ganar más que él. Sin embargo, la ley que establece los mecanismos por los cuales dicha norma pueda ser cumplida efectivamente no habían sido aprobados hasta hace tres días.

En efecto, la primera ley que esta nueva Legislatura ha aprobado es la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, lo cual puede parecer una buena noticia, si esta fuera una buena ley. Pese a tener el consenso de todos los grupos parlamentarios a favor de topar los salarios de los servidores públicos, la mayoría de Morena no aceptó hacer los cambios que necesita un texto que tras estar siete años en la congeladora legislativa está totalmente desactualizado en relación con el marco jurídico actual, lo cual hace de varios de sus artículos inaplicables, además de que puede ser controvertida o devuelta a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo con observaciones, o sea, con la plana corregida y, en consecuencia, la promesa de campaña de acabar con los privilegios en el gobierno podría ser pospuesta.

En cualquier escenario, se tendrán que presentar nuevas iniciativas para aprobar una ley viable que, desde mi punto de vista, debe establecer un mecanismo que dote a los diputados de criterios técnicos y objetivos para determinar los salarios de los servidores públicos bajo los criterios de justicia y competitividad antes mencionados a fin de garantizar la calidad en los servicios públicos que la gente espera del nuevo gobierno. Los responsables de implementar la Cuarta Transformación deben de ser los mejores, a riesgo de terminar con una transformación de cuarta.