¿Cuánto vale el trabajo del Presidente?

En el año 2009, se aprobó una reforma constitucional que mandó que ningún servidor público podría ganar más que el presidente de la República debido a que, desde entonces, áreas del gobierno en los tres órdenes eran sinónimo de abusos y privilegios. Alcaldes, gobernadores, legisladores, titulares de dependencias del gobierno federal y miembros del Poder Judicial, como ahora, eran constantemente señalados.

La reforma quiso afrontar el problema, pero durante casi una década no se aplicó. Nunca se fijaron salarios menores al del presidente en el Presupuesto de Egresos de la Federación como indica el texto constitucional, ni se aprobó la ley secundaria que definiera los detalles de la implementación de dicha medida. A nadie le gustaba, todos hicieron como que la Virgen les hablaba y esa omisión hoy puede costarle muy cara al país.

Aunque durante esos años se presentaron varias iniciativas de Ley Federal de Remuneraciones, incluida una que yo misma presenté siendo senadora en enero de 2017, ninguna fue aprobada, salvo una de autoría de Pablo Gómez que fue votada por el Senado para después dormir en la congeladora de la Cámara de Diputados 8 años, hasta el 13 de septiembre pasado cuando, haciendo uso de un recurso reglamentario, esa minuta, aunque anacrónica y con evidentes errores de forma y fondo, fue aprobada por todos los grupos parlamentarios.

Dicha ley deberá ser reformada para corregir los errores de forma que debido a su antigüedad tiene y, sobre todo, los de fondo, como la necesidad de que la Cámara de Diputados se haga de criterios técnicos y objetivos para determinar el salario del Presidente. Por eso, la semana pasada presenté una iniciativa de reforma a la Ley de Remuneraciones, cuya principal propuesta es la creación de un comité que en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción proponga cuánto debe ganar el jefe del Ejecutivo Federal.

Ahora que funcionarios, como Irma Eréndira Sandoval, incluso proponen que los salarios en el sector privado se reduzcan para homologarse a los del gobierno, la reflexión sobre la definición de las remuneraciones en el sector público cobra aun mayor relevancia.

Honestamente, creo que la eliminación de excesos y privilegios y la recuperación del auténtico sentido del servicio público no es solo algo bueno, sino indispensable y urgente para restablecer el vínculo roto entre autoridades y ciudadanía. Pero al mismo tiempo, me opongo a la narrativa de división y odio que Morena ha construido alrededor de éste y otros temas, una narrativa en la que al servidor público se le dibuja como enemigo y traidor del pueblo cuando la inmensa mayoría son funcionarios apartidistas que son y vienen del pueblo. Las primeras consecuencias de este odio fueron las agresiones que sufrió un funcionario del Poder Judicial al ser confundido con un ministro hace unos días.

También me opongo a que una reducción excesiva de puestos y de salarios genere un gobierno mediocre, incapaz de diseñar e implementar las políticas públicas que el propio gobierno necesita para cumplir su promesa de terminar con la corrupción, la pobreza y la inseguridad. El cambio necesita personas capacitadas para realizarlo que perciban remuneraciones justas.

La determinación de cuánto vale el trabajo del presidente de la República y el del resto de los servidores públicos del país definirá el tipo de administración pública que servirá a los ciudadanos y por eso, amerita un análisis a fondo, nutrido de datos y argumentos más técnicos que campañeros. La mediocridad y la ineficacia en el uso de los recursos públicos también son corrupción. Como ejemplo, está la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco por la que los contribuyentes pagaremos miles de millones de pesos.

Si va a haber un cambio, que sea un cambio inteligente.