AMLO y su ¿política anticorrupción?

La principal promesa de campaña de López Obrador fue la erradicación de la corrupción. La usó tanto para denostar a sus adversarios como para explicar todo mal y, al mismo tiempo, como solución a cualquier problema de toda índole.

Sin embargo, lo que hasta ahora se ha visto de la forma en la que desde el gobierno conciben el fenómeno de la corrupción y los métodos para combatirlo, es preocupante.

No es una novedad lo poco que el Presidente cree en las instituciones, pero en este tema ha sido particularmente claro cuando afirma que basta con que la cabeza del gobierno sea honesta para que los miles de servidores públicos que lo conforman también lo sean. Y al parecer, también cree que sus llamados matutinos a que todos se porten bien serán suficientes para evitar que los funcionarios de su gobierno caigan en la milenaria tentación de usar sus posiciones de poder para obtener beneficios personales a costa de las arcas públicas y en perjuicio de los ciudadanos.

Quizás por eso piense que los procesos de licitaciones públicas con reglas de máxima publicidad y transparencia son innecesarios, más aun, un estorbo. Empezando por la compra más importante que ha llevado a cabo hasta el momento el gobierno morenista, la de 671 pipas con un costo de 92 millones de dólares para transportar gasolina y la adjudicación a Banco Azteca para que distribuya los recursos a los beneficiaros de los programas sociales; hasta la invitación restringida que se ha hecho a ciertos empresarios para la construcción del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, todos son la antítesis de los procesos anticorrupción.

Así, en lo que va de la Cuarta Transformación el discurso anticorrupción sólo ha servido para justificar sin mayor argumentación decisiones tan relevantes como la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco o la asignación de presupuesto a los nuevos programas del gobierno en detrimento de otros como las estancias infantiles, a las que se les recortó en 2019 la mitad de su presupuesto anterior.

En contrasentido a la visión demagoga del actual gobierno, hace apenas unos años, el Estado mexicano apostó por lo que la evidencia de la experiencia internacional indica: que sólo con instituciones y funcionarios independientes y profesionales es posible definir e implementar una política pública capaz de combatir de manera eficaz el fenómeno de la corrupción.

Así, en 2016 nació el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) derivado de un enfoque integral en el que todas las instituciones que tienen algo que ver en la prevención, detección, investigación y sanción tanto de delitos como de faltas administrativas de servidores públicos y particulares fueron fortalecidas e integradas para cumplir de manera conjunta el objetivo de lucha contra la corrupción.

El SNA aún debe ser completado con los nombramientos del fiscal anticorrupción y de los magistrados responsables de sancionar las faltas administrativas y pronto deberán emitir los formatos por los cuales todos los servidores públicos del país presentarán su patrimonio e intereses, así como la Política Nacional Anticorrupción, que dictará las acciones para intentar mejorar la posición de México en las mediciones internacionales como el Índice de Percepción de la Corrupción, que nos ubica en el lugar 135 de 180 países –más bajo que el año pasado–.

La tarea de sacar a México del atascadero de la corrupción es titánica, pero urgente y para lograrla el ejemplo del Presidente sí es indispensable, pero en el sentido de seguir las reglas básicas en materia de compras públicas y de respaldar y fortalecer a las instituciones.