AMLO: ¿hiperpresidencialismo?

El concepto de hiperpresidencialismo surgió en América Latina a partir de los regímenes encabezados por presidentes mayoritariamente de izquierda, caracterizados por ser líderes carismáticos que concentraron el poder al punto de controlar todas las instituciones del Estado y modificar las reglas del juego democrático a efecto de perpetuarse en el gobierno.

Daniel Zovatto en su artículo Reelección, hiperpresidencialismo y debilidad institucional nos recuerda que: “En los años ochenta, con el retorno de la democracia a la región, salvo en Cuba, Nicaragua, República Dominicana y Paraguay, en ningún otro país latinoamericano el presidente podía reelegirse de forma continua. No fue sino hasta mediados de los años noventa cuando en la mayoría de los países de América Latina empezó a triunfar la tendencia reeleccionista que se prolonga hasta la actualidad.”

Presidentes como Carlos Saúl Menem, de Argentina; Alberto Fujimori, de Perú; Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; Hugo Chávez, de Venezuela; Evo Morales, de Bolivia, y Rafael Correa, de Ecuador, fueron protagonistas de esta ola a favor de la reelección. La característica común de todos ellos es que una vez llegados al gobierno por la vía de las elecciones, generaron un desequilibrio entre los poderes estatales, sobreponiéndose a ellos y convirtiéndose en la figura preponderante del sistema. Sus pueblos, al otorgarles un voto más que mayoritario también les dio mayorías en el Congreso que les permitieron reformar constituciones y leyes, hacer nombramientos clave en el poder Judicial y organizar el Estado a fin de generar condiciones para permanecer en el poder más allá de su primer mandato.

Obviamente, es muy temprano para llegar a una conclusión sobre si la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México irá por el mismo camino, sin embargo, a apenas dos semanas de haber sido electo, ha comunicado ya algunas decisiones que, claramente, tienden a la concentración del poder.

En primer lugar, el anuncio de la sustitución de todos los delegados de las distintas dependencias del gobierno federal en los estados por uno solo. Es decir, que los delegados que hasta ahora sirven de enlace entre el gobierno federal y estados y municipios en temas tan diversos como movilidad, gestión del agua, protección del medio ambiente, educación, salud, energía, emisión de pasaportes, combate a la pobreza y seguridad desaparecerán, y sus funciones y atribuciones se concentrarán en una sola persona por estado que le reportará directamente al Presidente de la República.

El perfil de estos superdelegados o virreyes estatales, como algunos ya empiezan a nombrarlos es, sobre todo, político. Si el coordinador de todos ellos será Gabriel García Hernández, secretario de Organización de Morena, el mensaje es claro: la nueva estructura se encargará de generar y fortalecer las redes electorales de su partido a través de los programas sociales del gobierno.

Otra decisión anunciada fue la desaparición de todas las oficinas de comunicación social de las dependencias del gobierno federal para dar paso a una superoficina que, igualmente, concentre la relación con los medios de comunicación y, por ende, el control sobre éstos.

Ambas decisiones han sido presentadas en el contexto de la austeridad con la que el nuevo gobierno pretende conducirse, lo cual sin duda es correcto —disminuir el excesivo gasto en publicidad gubernamental, por ejemplo, es una vieja demanda ciudadana—, pero disfrazar una clara pretensión de concentración de poder bajo esa bandera es cuestionable.

Para quienes creemos que en un régimen auténticamente democrático son las instituciones y no las personas las que deben fortalecerse, los anuncios de esta semana son malas señales. Esperemos que López Obrador no se sume a la lista de los presidentes latinoamericanos que subyugaron a las instituciones democráticas a su propio favor.