¿Ahora van por la UNAM?

A estas alturas del sexenio, ya es más que claro el modus operandi de Morena para deshabilitar —si es que no pueden eliminar— las instituciones autónomas diseñadas para generar contrapesos al poder y que impiden al gobierno en turno un control total y absoluto de todos los recursos y actividades del Estado.

Desde el principio de esta administración los organismos constitucionales autónomos han sido objeto no sólo de ataques verbales, sino de serios intentos —por cierto, varios exitosos— por desmantelarlos, cooptarlos o limitarlos.

Empezando por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que fue cooptada al imponer a una militante del partido gobernante, matando con ello su independencia, pasando por lograr la alineación de la Comisión Reguladora de Energía con la política energética del gobierno, hasta los ataques a la Cofece, el IFT, el Inai y, por supuesto, el INE.

Bajo el argumento de que “cuestan mucho” y de que “sólo han servido como instrumentos de las élites corruptas vinculadas a los ilegítimos gobiernos anteriores”, el acecho a estas instituciones que se crearon como parte de la transición a la democracia para quitarle poder al poder presidencial, ciudadanizar y profesionalizar ciertas actividades, como la organización de las elecciones, la protección de los derechos humanos o garantizar la competencia entre actores económicos, no ha tenido tregua.

Vale la pena recordar, por cierto, que la demanda de quitarle facultades al otrora todopoderoso Presidente de la República y trasladarlas a organismos independientes fue una demanda compartida y avalada en el Congreso, en aquella época siendo opositores el PRI y PAN, por quienes ahora gobiernan.

Ahora, la sombra de intromisión para promover un rector a modo del actual gobierno ha llegado a la UNAM, a través de una iniciativa de reforma legal, autoría de un diputado de Morena, que propone modificar el actual método de elección del rector a cargo de la Junta de Gobierno para extender la decisión a toda la comunidad universitaria a través del voto directo y secreto.

Puede resultar extraño no estar de acuerdo con elecciones abiertas en cualquier espacio, aún más tratándose de un espacio de libertad como lo es la Universidad, si no fuera por el contexto político en el que está inscrita la intención de este cambio. Hablamos, como ya he descrito, de una intención deliberada y sistemática de anular todos los espacios independientes sobre los cuales el gobierno actual no pueda tener injerencia.

La UNAM, con una comunidad de poco más de 400 mil personas, entre estudiantes y académicos; casi 1 millón 700 mil personas beneficiadas de los programas de educación continua, más de 5 mil académicos en el Sistema Nacional de Investigadores y una basta producción en investigación y editorial es, sin duda, un apetitoso botín para quienes piensan que el pensamiento libre y plural que vive en una institución como ésta debe ser anulado.

La iniciativa de reforma del diputado no fue inscrita para su presentación formal e inicio de trámite legislativo. Incluso, integrantes de la bancada de Morena han dicho que este asunto no está incluido en su agenda, sin embargo, a unos meses de la elección de un nuevo rector o rectora de la UNAM, y a juzgar por los antecedentes, la iniciativa ha sido interpretada, por lo menos, como una amenaza.

Ojalá que la sensatez y el respeto a la comunidad universitaria prevalezcan por parte de la mayoría morenista y se evite un potencial conflicto con una de las instituciones más queridas y respetadas de nuestro país.

*Politóloga e internacionalista.

Expresidenta de la Cámara de Diputados