Logo de Excélsior                                                        

Ahora van por la subcontratación laboral

Laura Rojas

Laura Rojas

Agora

Durante los siguientes quince días dos temas de lo más relevantes serán discutidos en la Cámara de Diputados. El primero es la subcontratación laboral, también conocida por su nombre en inglés: outsourcing, que consiste en contratar, a través de terceras empresas, servicios que no tienen que ver con el objetivo principal de la empresa que los requiere. Es una modalidad de contratación frecuentemente utilizada para obtener servicios de limpieza, seguridad, contabilidad, alimentación, organización de eventos y una larga lista que, a través de una iniciativa enviada por el Presidente de la República, se pretende prohibir bajo el ya conocido argumento de corrupción del pasado neoliberal.

Igual que cuando discutimos sobre los fideicomisos, hay que decir que no es el modelo el que está mal, sino la forma en la que algunos abusan de éste, y que quemar toda la tierra para quitar la mala hierba traerá más perjuicios que beneficios.

La iniciativa de reforma a seis leyes, además de prohibir la subcontratación laboral salvo en los casos de contratación de servicios especializados sin relación con el objeto social de la empresa, define como defraudación fiscal calificada la simulación de intermediación y la subcontratación, lo cual equipara este delito al de delincuencia organizada. Elimina la posibilidad de deducir el Impuesto Sobre la Renta y acreditar el Impuesto al Valor Agregado para las actividades por subcontratación, a menos que se trate del pago de servicios u obras especializados, el intermediario cuente con autorización vigente de la Secretaría del Trabajo y no se refiera a trabajos relacionados con el objeto social o la actividad eco de la empresa.

La clave de la reforma está en la definición de “servicios u obras especializadas”, ya que son las únicas que podrán ser subcontratadas. Esta nueva propuesta de regulación enormemente restrictiva dejará sin la posibilidad de ser contratadas millones de personas, ya que difícilmente podrán ser contratadas de manera permanente por alguna otra empresa y se les dará la estocada final a muchas empresas de todos tipos y tamaños que han luchado por su supervivencia durante la pandemia.

El sector privado ha expresado su preocupación y sorpresa por esta iniciativa que ha llegado en el peor momento posible, justo cuando, durante la Jornada de Sana Distancia, 12 millones de personas perdieron sus empleos y aún no logran reincorporarse al mercado laboral en su totalidad y cuando un mayor apoyo por parte del gobierno y del Poder Legislativo se esperaría para hacer eso posible.

La Coparmex ha dicho que acciones como la prohibición de la subcontratación implicarán más dificultades para la recuperación del empleo, que aumentará la informalidad, que es uno de los principales obstáculos para la productividad, el crecimiento y el desarrollo de México, y que tras la crisis provocada por el covid-19 las condiciones en el mundo deberán de tender hacia la flexibilización y no a la rigidez.

El Consejo Coordinador Empresarial, por su parte, ha dicho que con la prohibición de la subcontratación también se pondrán en riesgo los ingresos por exportaciones, ya que sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero hacen un uso extensivo de esta forma de contratación legal.

Nadie niega la necesidad de evitar abusos en contra los trabajadores por parte de patrones que evaden cumplir la ley en detrimento de su seguridad social, ni hay que dejar de señalar si los gobiernos anteriores o el actual no cumplieron adecuadamente con las tareas de supervisión y sanción, pero prohibir de tajo un modelo útil y necesario en muchos casos, afectando a millones de personas en lugar de corregir lo que deba corregirse, será, de aprobarse la iniciativa en sus términos por la mayoría en el Congreso, otro error.

Comparte en Redes Sociales