2º periodo ordinario, balance del Legislativo

El pasado 30 de abril terminó el segundo periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura federal, desde que fue electa la primera conforme a la Constitución de 1857.

El Congreso de la Unión sesiona regularmente en dos periodos al año. Durante este tiempo, se trabaja de manera intensa tanto en el pleno como en las comisiones para desahogar los trabajos legislativos.

Este segundo periodo ordinario de sesiones coincidió con los primeros meses del gobierno de López Obrador, y como sucede cada inicio de sexenio, la agenda legislativa estuvo dominada por las reformas que el Presidente ha impulsado para configurar el funcionamiento de la administración pública de acuerdo con su visión y objetivos.

Siempre es valioso hacer un balance de lo que en cada periodo el Congreso aprueba o no; para eso es necesario considerar que, en los regímenes presidenciales, los congresos tienen no sólo la función más conocida de legislar, sino también la de representar a la ciudadanía y la de ser un contrapeso al Poder Ejecutivo.

Sobre la función de representación, hay que decir que ésta es imposible de realizar sin escuchar a la ciudadanía, y los mecanismos de parlamento abierto son el mejor medio para hacerlo. Si bien durante este periodo se convocó a foros para escuchar a la sociedad civil y a expertos sobre los principales temas de la agenda, hace falta institucionalizar dichos mecanismos para que no quede a voluntad de los actores en turno el realizarlos o no, ni la forma de procesar las demandas ciudadanas. Para garantizarlo, presenté una iniciativa que crea la Comisión Bicamaral de Parlamento Abierto que sería la encargada de hacerlo.

Sobre la segunda función, se aprobaron varias reformas de carácter social que generaron amplio consenso, como la creación de un registro nacional de personas que no cumplen con dotar de la pensión alimenticia a sus hijos; la reforma al código penal para castigar el matrimonio infantil; y el reconocimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras domésticas.

Otras, que tienen que ver con el funcionamiento de la administración pública, como la Ley de Austeridad Republicana o la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, fueron votadas a favor, en lo general, por la mayoría de los grupos parlamentarios por estar de acuerdo con su espíritu, pero con diferencias en algunos temas. La reforma laboral, una reforma progresista en materia de derechos también fue aprobada en el contexto de la firma y ratificación del TMEC.

Las reformas que crean la Guardia Nacional, la educativa y la de revocación de mandato fueron las más visibles y controvertidas. La segunda, como sabemos, aún está por resolverse en un periodo ordinario de sesiones y la tercera, congelada, por falta de acuerdos en el Senado.

La tercera función, ser un contrapeso del Ejecutivo, es en la que el Congreso mexicano históricamente ha quedado a deber porque, a pesar de contar con los mecanismos institucionales para serlo, como las comparecencias, y los exhortos, tradicionalmente la mayoría en turno evita cualquier cuestionamiento serio al Presidente, y estos meses no han sido la excepción. Si los legisladores valoramos nuestra incipiente democracia y queremos evitar regresiones es indispensable activar nuestras funciones de control.