SOS, sangre en las elecciones

No es la primera vez que vemos en México asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular, principalmente a alcaldes. Desde hace al menos una década, elección tras elección se confirma que el cargo político más peligroso por el que se puede contender es el de gobernar un municipio. Lo atentados contra aspirantes y alcaldes electos o en funciones no son cosa menor, son asesinatos políticos que muchas veces se dan en el contexto de la lucha por el control territorial del crimen organizado. Lo que resulta increíblemente sorprendente es el silencio casi absoluto de las autoridades, los partidos, las organizaciones de la sociedad civil, medios, los analistas y comentaristas, todos.

Es una tragedia que como sociedad nos hayamos acostumbrado a vivir entre noticias de muerte y corrupción y que estemos perdiendo la capacidad de asombro e indignación. Pasamos la nota de un muerto —de otro muerto más— como si nada para pasar al siguiente tuit, al siguiente meme, al siguiente escándalo que mantendrá nuestra atención apenas unos minutos.

La vida de todas las personas es igualmente valiosa y es hasta el cansancio sabido que el Estado ha fallado en su tarea primordial de garantizar la seguridad de quienes vivimos y visitamos esta tierra, pero las amenazas y atentados contra personas que están vinculadas con el ejercicio de la autoridad y del presupuesto público tienen consecuencias más allá de la vida misma de estas personas, tienen un impacto en toda la comunidad y afectan a miles de familias. Y ni qué decir del tremendo daño que esto hace a nuestra democracia a la que nomás no dejamos consolidarse.

La intrusión del crimen organizado en política para garantizar omisión o complicidad de las autoridades debería ser el tema número uno de la agenda pública, pero poco o nada se ha visto. ¿Dónde está la estrategia coordinada de los tres poderes para pasar de las condolencias y las declaraciones de “actuaremos con todo el peso de la ley” a una verdadera acción eficaz? ¿Dónde están los informes oficiosos de la Procuraduría General de la República sobre cuántos de esos atentados y asesinatos tienen que ver con el crimen organizado? ¿O es que es más importante perseguir candidatos que asesinos? ¿Por qué no es éste un elemento que centros de análisis sobre el proceso electoral consideran? ¿Es la muerte de candidatos menos relevante que el número y contenido de los spots?

La verdad es que como otras elecciones, ésta también está manchada de sangre, sólo que más. Apenas la noche del viernes pasado Homero Bravo Espino, precandidato a la alcaldía de Zihuatanejo por el PRD, fue asesinado. Bravo, quien recibió por lo menos seis balazos cuando estaba dentro de su auto, se suma a otros seis aspirantes a un cargo de elección asesinados durante este proceso tan sólo en Guerrero.

El pasado 12 de febrero, el diario

The New York Times publicó un artículo intitulado El asesinato de políticos locales

tiñe las campañas en México, en el que afirma que desde el inicio del proceso federal hasta el término de las precampañas al menos diecinueve políticos locales entre alcaldes electos o en funciones, exalcaldes o precandidatos a presidente municipal habían sido asesinados.

 De acuerdo con notas de prensa, considerando sólo aspirantes en el proceso electoral actual, la suma asciende a cuarenta, lo cual está fuera de todo referente internacional. El propio secretario General de la OEA, Luis Almagro, publicó en Twitter el día de ayer: “Preocupados por el alto número de políticos, precandidatos, dirigentes y periodistas muertos en proceso electoral en México. Que se investigue y se esclarezcan estos actos de violencia en etapa pre- electoral”.

Este tema tiene que ser visibilizado y atendido urgentemente.